VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
Las protestas de trabajadores del IMSS por salarios, falta de personal, medicamentos e insumos se suman a las deficiencias denunciadas en el IMSS-Bienestar y otros servicios públicos de salud. En Colima, el conflicto presiona al gobierno de Indira Vizcaíno y expone a Morena al costo político de las promesas incumplidas.
El conflicto del IMSS exhibe el fracaso de una de las promesas centrales de la Cuarta Transformación. Las protestas y las denuncias sobre deficiencias hospitalarias colocan bajo presión al gobierno federal y a la administración de Indira Vizcaíno.
Después de años de promesas sobre la transformación del sistema sanitario, la gratuidad de los servicios y la atención digna para todos, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una realidad que no puede resolver con discursos: las carencias están a la vista y tanto trabajadores como pacientes ya se cansaron de esperar. El anuncio de un paro nacional para hoy por parte de trabajadores del IMSS eleva el conflicto a otra dimensión y podría llevar al estallido de una crisis mayor en el sistema de salud.
El conflicto laboral no se reduce a una discusión sobre salarios. Los trabajadores cuestionan el incremento directo de 6.8 por ciento al salario tabular, las condiciones en que realizan sus funciones, las cargas de trabajo y la falta de materiales indispensables para atender a los derechohabientes. Por eso los inconformes advierten que los problemas cotidianos de los hospitales no se resuelven con negociaciones cupulares.
Otra vez las mentiras salen a la luz: ¿cómo puede presumirse una transformación de la salud pública cuando quienes deben sostenerla denuncian que no cuentan con condiciones suficientes para trabajar? Si el sistema funciona como aseguran las autoridades, corresponde demostrarlo con información desglosada, disponibilidad efectiva de medicamentos, cobertura de plazas y tiempos razonables de atención.
En Colima, el conflicto tiene consecuencias concretas. Trabajadores del IMSS protestan en Colima como en todo el país al tiempo que denuncian carencias y exigen mejores condiciones laborales. La advertencia sobre posibles suspensiones escalonadas, con la previsión de mantener la atención de urgencias, puso de manifiesto la dimensión del descontento. La inconformidad alcanza a los servicios de los que dependen miles de familias colimenses.
Más grave aún es la necesidad de esclarecer las denuncias sobre la atención médica. Entre los casos reportados se encuentra el fallecimiento de Carlos Manuel López Reyes, ocurrido el 5 de octubre en el IMSS de Colima, después de la reprogramación de una cirugía cardíaca. Sus familiares atribuyeron lo sucedido a deficiencias relacionadas con la atención, el personal y los insumos; el Instituto informó que inició una investigación. La familia merece conocer qué ocurrió, si hubo fallas y quién debe responder, en caso de que se acrediten responsabilidades. Está claro que el problema no termina con presentar denuncias sobre falta de medicamentos, insumos y camas, saturación y retrasos en servicios del IMSS-Bienestar.
La Secretaría de Salud estatal y el ISSSTE deben someterse al mismo escrutinio. Ahí también hay pacientes que esperan meses por una consulta especializada o una intervención quirúrgica ¿Cuántos terminan pagando de su bolsillo aquello que las instituciones deberían proporcionarles? El gobierno de Indira Vizcaíno tendría que responder con transparencia, sin escudarse en la Federación.
La responsabilidad de cada orden de gobierno está definida, y ante la ineficacia de la federación, el gobierno estatal, por sus atribuciones, sus servicios y su capacidad de coordinación y gestión debe atender las demandas de los ciudadanos atrapados entre dependencias que se pasan la bolita unas a otras.
Morena enfrenta aquí una contradicción política de fondo. Durante años convirtió la defensa de los servicios públicos y de los sectores más vulnerables en una de sus principales banderas. Pero con su llegada todo lo han complicado. No basta con inaugurar instalaciones, anunciar compras o presentar porcentajes nacionales de abastecimiento. Debe demostrar que se resuelven las carencias y lograr derechohabientes satisfechos.
A ello se suma el conflicto con una dirigencia sindical distante de sus bases, pero la solución no consiste en descalificar a los inconformes y menos ignorar a los pacientes, en especial a quienes requieren atención urgente o tratamientos que no pueden interrumpirse. La negligencia no debe normalizarse.
Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, el conflicto es una prueba de capacidad y credibilidad; para Indira Vizcaíno, una exigencia de rendición de cuentas; para Morena, un riesgo de que su discurso social choque con la experiencia cotidiana de la población. Si la presidenta insiste en minimizar las marchas y muestra nula empatía con los trabajadores y con los pacientes, las consecuencias pueden ser incalculable.
La crisis sanitaria no se resuelve con lealtades políticas ni con propaganda. Porque cuando un paciente no encuentra el medicamento que necesita, cuando una familia espera una explicación sobre una atención que terminó en tragedia o cuando los trabajadores advierten que no cuentan con los medios para cumplir su labor, la impotencia y desesperación explotan en rabia que sabrán desquitarse en las urnas.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
