Redacción|COLIMANOTICIAS
México.- La alternancia sería la mejor forma de evitar que escale la violencia política en el Estado, que se acepte la competencia abierta de todas las fuerzas políticas, que se respete la legalidad y la equidad electoral, eso es lo que queremos en el PRD y eso es por lo que lucharemos en el próximo proceso electoral extraordinario que convocará nuestra autoridad electoral.
De esta manera se expresó María Luisa Beltrán Reyes, Diputada Federal de Colima, al tomar la tribuna de la Cámara de Diputados, en representación del Grupo Parlamentario del sol azteca, donde se abordó el tema de la anulación de la elección a la Gubernatura.
Beltrán Reyes informó que en el grupo parlamentario del PRD “nos pronunciamos a favor de la legalidad y la equidad en los procesos electorales federales y locales, es por ello que consideramos de gran trascendencia las decisiones de los órganos electorales que organizan y conducen nuestros comicios; por ello, estimamos de gran valía la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió un fallo que podemos calificar como histórico, con la anulación de los comicios en el estado de Colima. Esta decisión de fundamentada en una sentencia que tomó en cuenta una prueba superviniente, que finalmente dejó al descubierto, con toda claridad y certeza, la intervención del gobierno del Estado a favor del candidato oficial del PRI, con una operación política con el sello distintivo del viejo PRI”.
Beltrán Reyes demandó en tribuna de la Cámara de Diputados que la conducta de Rigoberto Salazar debe ser perseguida por las autoridades judiciales, ya que constituye no solamente un delito electoral, sino también la posible desviación de recursos públicos de la hacienda estatal, lo que no puede quedar impune; “esto no lo podemos permitir, queda como un gran pendiente; que se investiguen estos hechos, que el Ministerio Público actúe de inmediato, para dar cauce a las diversas denuncias que han sido presentadas y, en el caso particular, del Secretario de Desarrollo Social, debe ser presentado a declarar sobre sus hechos y dichos, para que asuma la responsabilidad política, administrativa y penal sobre ellos”.
María Luisa Beltrán Reyes recordó que, coincidentemente, la elección a la Gubernatura, en el 2003 también fue anulada por la misma causa: la violación al Art. 59 de la Constitución Local, donde con toda claridad se consigna como causa de nulidad la intervención del Gobernador del Estado y/o de sus colaboradores.