Según la investigación, Castillo Montes es la persona que, con engaños, citó a José Eduardo en el ejido Santa Eulalia, entre Ciudad Acuña y Jiménez, donde los delincuentes (presuntos zetas) lo privaron de su libertad para posteriormente asesinarlo.
Castillo Montes, Víctor Carrizales Prieto y José Trinidad Landeros Sifuentes, oficiales de la policía municipal, están arraigados y vinculados al delito de homicidio calificado con premeditación, ventaja y traición.
En tanto, Víctor Landeros Sifuentes, La Iguana, supervisor en la Dirección de Seguridad Pública, también fue involucrado con el crimen, aunque está prófugo.
Asimismo, autoridades estatales y federales informaron que los autores materiales del homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez son tres hombres identificados solo como El Chagui, El Flaco y El Pelón. La Procuraduría General de Justicia de Coahuila ya cuenta con retratos hablados.
La procuraduría estatal giró un oficio a la Procuraduría General de la República para obtener la declaración ministerial de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, presunto jefe de Los Zetas en el noreste de la entidad en torno a dos hechos:
La fuga de 131 reos de Piedras Negras, ocurrido el pasado 17 de septiembre, además del homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, ocurrido el 3 de octubre.
Las autoridades resaltaron la coordinación interinstitucional con las autoridades federales, incluidas el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El cuerpo de José Eduardo Moreira Rodríguez, de 25 años, fue encontrado sin vida con varios impactos de bala en el camino al ejido Santa Eulalia, municipio de Acuña, a las 21:17 horas.
José Eduardo se desempeñaba como coordinador de programas sociales en la Secretaría de Desarrollo Social; tenía su residencia en Ciudad Acuña, donde vivía con su esposa y su hijo de nueve meses.
Plan de captura
Después de conocerse la noticia de la muerte de José Eduardo, el mandatario estatal, Rubén Moreira Valdez, citó a una reunión urgente en su residencia de Saltillo, donde se trató el tema de la seguridad y el inicio de las investigaciones, además de las acciones a seguir para combatir la violencia que se vive en la entidad.
El mes pasado se fugaron 131 reos del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras y a partir de ahí la violencia se incrementó.
De hecho, se han suscitado diversos enfrentamientos entre civiles armados y elementos de las fuerzas estatales encabezadas por el grupo conocido como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gates), así como con elementos de la Marina y el Ejército mexicano.
Pero fue a las 14:40 del miércoles 3 de octubre, día en que fue asesinado José Eduardo Moreira Rodríguez, cuando elementos del Gate fueron agredidos en Piedras Negras por hombres armados, en el momento en que realizaban un operativo de vigilancia.
Los policías estatales repelieron la agresión y mataron a cinco sujetos, incluido un presunto sobrino de El Z-40, jefe del cártel del Golfo.
A partir de esos datos surgió la versión de que el asesinato del hijo de Humberto Moreira se dio en represalia a ese hecho, pero las autoridades estatales no lo confirmaron. El procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos, señaló que la hipótesis no se descartaba.
Por el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, 39 policías municipales de Acuña (que estaban de turno el día de los hechos) fueron trasladados a Saltillo, Coahuila, para que prestaran su declaración sobre el homicidio.
En su momento la procuraduría de Justicia de Coahuila aclaró que serían sometidos a pruebas de evaluación y de confianza, polígrafo y examen toxicológico.
El traslado se realizó el pasado sábado por la tarde en dos autobuses y estuvo a cargo de personal de la procuraduría estatal y de la Policía Federal.
El alcalde de Acuña, Alberto Aguirre Villarreal, dijo que la policía municipal está integrada por 186 elementos, entre agentes operativos y personal administrativo.
Aguirre apuntaba que el Ministerio Público citó a declarar a siete policías, quienes estaban bajo arraigo, entre ellos el subdirector operativo de la corporación, Rodolfo Castillo Montes.
Una las principales hipótesis de la procuraduría de Coahuila era que Moreira Rodríguez fue entregado por policías locales a los criminales que lo asesinaron.
“Es muy probable la participación de la delincuencia organizada en el homicidio, en el cual, por los hechos y declaraciones, se presume la colaboración con autoridades o servidores públicos”, afirmó el gobierno estatal.
Hacienda debe aclarar subejercicio en seguridad
tEl presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Omar Fayad, demandó que la Secretaría de Hacienda aclare qué sucede con los fondos destinados a estados y municipios para combatir el crimen, y señaló que las autoridades de esos niveles se han quejado de trabas que les impiden ejercerlos.
Respecto al estudio de la Cámara de Diputados, según el cual los estados no han ejercido 99.9 por ciento del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), refirió que hay que analizar la situación, porque Hacienda les notificó que habrá recortes.
Entrevistado sobre el informe que refiere que 13 entidades gastaron cero pesos del FASP, Omar Fayad mencionó que hay situaciones que deberá explicar el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque alcaldes se han quejado de que se les han frenado los recursos.
“Será conveniente clarificarlo por diversas razones. En el caso de Hidalgo (de donde es originario), el secretario del Consejo de Seguridad Pública, Nicolás Ramírez, me informó que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública no le han depositado 19 millones de pesos de la segunda ministración del PROASP, que es un subsidio de apoyo a la seguridad, aduciendo que Hacienda ya no tiene suficiencia.”
Fuente: MILENIO
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