*En Colima existen 110 líneas celulares activas por cada 100 habitantes.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones abrió una investigación de 120 días para determinar si en el Occidente y Bajío existen actores que pactaron indebidamente dividirse el mercado, con la imposición de tarifas de precios o la venta de teléfonos en ciertas áreas geográficas y con el fin de obstaculizar a terceras compañías.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sospecha que en los mercados de distribución y venta de teléfonos celulares y de servicios móviles de telecomunicaciones de los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán existen uno o más agentes económicos que ejercen prácticas monopólicas relativas, según información que difunde este día el Periódico El Economista.
Esas cuatro entidades concentraban una población de 20.9 millones de habitantes al cierre del 2020, el 17% de la población mexicana en ese año.
De acuerdo con datos del IFT, en Colima y Jalisco existen 110 y 106 líneas celulares activas por cada 100 habitantes, mientras que en Guanajuato la penetración es de 87 líneas y 94 accesos en Michoacán.
La Autoridad Investigadora del IFT, una unidad autónoma de ese órgano regulador que empezó una investigación por denuncia a través del expediente AI/DE-006-2020, considera aquí a las prácticas monopólicas como aquellas acciones por parte de una o más compañías en cuanto fijación o imposición de precios, o distribución exclusiva de dispositivos en una determinada área geográfica o por determinado tiempo y con el objetivo de desplazar a otros competidores o para dificultar el ingreso de nuevos actores al mercado.
La investigación de la Autoridad Investigadora (AI) inició formalmente el miércoles 26 de enero pasado y se mantendrá por un máximo de 120 días hábiles, y podrá ser prorrogada por cuatro periodos iguales, si la AI encuentra pruebas suficientes que sustenten sus indagaciones.
La AI teme que en esos cuatro mercados las compañías prestadoras del servicio y/o fabricantes de teléfonos también hayan pactado una división, distribución o asignación de segmentos de clientes o de proveedores, o la obligación de no fabricar o vender ciertos equipos o servicios por un tiempo determinado o por el contrario, que hayan fijado incentivos especiales para sus clientes que terminen por trastocar el mercado local de telecomunicaciones.
“La investigación tiene como finalidad indagar la probable comisión de prácticas monopólicas relativas y no prejuzga sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que constituye una actuación de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tendiente a verificar la observancia de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la ley, se procederá en términos del artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Competencia Económica”, dijo la AI.
Transcurrido el tiempo que la Autoridad Investigadora necesite para sus indagaciones y de hallar elementos probatorios de prácticas monopólicas relativas y sus efectos contrarios en el mercado, entonces iniciará un procedimiento de juicio y emplazará a los probables infractores para que presenten pruebas en su favor. Después será el pleno de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones quien decida finalmente la sanción correspondiente.
Esta es una de las investigaciones más notorias de la AI, por advertir desde ahora que tanto prestadores del servicio y fabricantes pudieran haber acordado una serie de estrategias comerciales que beneficien a su negocio y desplazando al mismo tiempo a terceros competidores.
Antes, el la Autoridad Investigadora del IFT ya había investigado posibles prácticas monopólicas en la prestación de servicios a nivel nacional, también presumió concentraciones ilícitas en radiodifusión en Michoacán y Chihuahua y poder sustancial en Monterrey en televisión de paga.