*La propuesta del PRI fue votada favorablemente por todas las fracciones parlamentarias.
Alfredo Quiles Cabrera | CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- A propuesta de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el pleno de la Sexagésima Primera Legislatura Local aprobó por unanimidad “el exhorto” para que se “realice las acciones necesarias para la emisión y publicación de la convocatoria destinada a la integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas”.
A nombre de los legisladores priistas, la diputada local y secretaria de Organización del CDE del PRI, Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto, presentó ante el pleno del Poder Legislativo dicho punto de acuerdo que fue votado a favor por unanimidad de legisladores.
En su exposición de motivos, la Legisladora priista señaló que la desaparición de personas “constituye una de las problemáticas más sensibles y complejas que enfrenta el Estado mexicano. Se trata de una violación grave a los derechos humanos que afecta no solamente a las personas desaparecidas, sino también a sus familias y comunidades, quienes enfrentan incertidumbre permanente respecto de su paradero y destino”.
Señaló que de acuerdo con información oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el número de personas desaparecidas en el país “ha mantenido una tendencia creciente durante los últimos años, superando actualmente las ciento treinta mil personas registradas”.
Dijo que esta realidad ha motivado la construcción de un marco jurídico nacional y local orientado a fortalecer las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
“En el Estado de Colima, la situación no es ajena a esta problemática. Las estadísticas oficiales reflejan un número significativo de personas desaparecidas y no localizadas, así como una incidencia constante de nuevos reportes. Asimismo, en los últimos años se han documentado diversos hallazgos de fosas clandestinas en distintos municipios de la entidad, evidenciando la magnitud y complejidad del fenómeno”, señaló.
Ante este contexto, dijo, el Congreso Local reconoció la necesidad de establecer mecanismos permanentes de coordinación institucional y participación ciudadana, motivo por el cual fue expedida la Ley que Crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima.
Dicho ordenamiento establece que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene por objeto impulsar, coordinar, dar seguimiento y fortalecer las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad. “Para el cumplimiento de sus fines, la propia ley prevé la existencia del Consejo Estatal Ciudadano como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas”.
Este Consejo Estatal Ciudadano debe integrarse por familiares de personas desaparecidas o no localizadas, especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas, investigación criminal o ciencias forenses, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la materia.
“La finalidad de este órgano es incorporar la experiencia, conocimientos y perspectivas de quienes, desde distintos ámbitos, participan directamente en los esfuerzos de búsqueda y acompañamiento a víctimas.
En cumplimiento de dicho mandato legal, el 10 de febrero de 2022 rindieron protesta las personas integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas para el periodo 2022-2025.
Durante su encargo, dicho órgano fungió como espacio de participación y consulta ciudadana, contribuyendo al seguimiento, evaluación y fortalecimiento de las acciones desarrolladas por la Comisión Estatal de Búsqueda.
No obstante, el periodo para el cual fueron designadas las personas integrantes del Consejo concluyó el 10 de febrero de 2025.
“En consecuencia, actualmente el Estado de Colima carece de un Consejo Estatal Ciudadano debidamente integrado y en funciones, pese a que la ley contempla su existencia como un componente fundamental del sistema estatal de búsqueda de personas”, denunció.
Pinzón Carreto agregó que “la ausencia de este órgano consultivo genera una vacante institucional que limita la participación formal de familiares, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en los procesos de evaluación, seguimiento y formulación de recomendaciones en materia de búsqueda de personas. Asimismo, impide que la Comisión Estatal de Búsqueda cuente con uno de los mecanismos de acompañamiento y consulta previstos expresamente por el legislador”.
Es por ello que exhortó al Congreso “impulse a la brevedad el procedimiento correspondiente para la integración de un nuevo Consejo Estatal Ciudadano, mediante la emisión de la convocatoria pública respectiva”.
Sentenció que: “en un contexto en el que las desapariciones continúan representando una de las principales preocupaciones sociales en el Estado, resulta indispensable que todas las instituciones cumplan de manera plena con las obligaciones que la ley les impone y que los mecanismos de participación ciudadana previstos por el marco jurídico se encuentren debidamente integrados y en funcionamiento”, concluyó.