Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS
Ciudad de México. – Los Gobiernos Estatales donde habrá elecciones extraordinarias para la renovación de Magistrados y Jueces del Poder “deben atender las demandas de los órganos electorales” de contar con recursos económicos suficientes para el desarrollo de este proceso, afirmó la presidenta de México Claudia Sheinbaum.
La mandataria federal durante su denominada Conferencia de Prensa del Pueblo, celebrada esta mañana, fue muy enfática y sostuvo que en aquellos estados “donde se determinó que elegirán parcialmente a los jueces locales y tribunales locales, los gobiernos estatales deberán atender las demandas de recursos de los institutos electorales locales”.
Claudia Sheinbaum dio contestación así a una pregunta de los medios de comunicación presentes en la “mañanera” y ante las quejas del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que hay “preocupación del Consejo General” por la falta de recursos para el desarrollo del Proceso Electoral, entre cuyas entidades se encuentra Colima donde “se prenden los focos rojos rumbo a los comicios judiciales”.
La Presidenta de México dijo que para este proceso “no se requerirá mucho dinero”.
En su conferencia dijo que a nivel federal se destinarán 8 mil millones de pesos para organizar los comicios del Poder Judicial para este 2025. Además, comentó que sería una sola casilla, por lo que en su caso, sería colocar una urna para la elección local.
Por otro lado, responsabilizó al Instituto Nacional Electoral de resolver los errores que han sido denunciados, “el INE tiene que resolver si falta algún dato, igual con el Poder Legislativo. El INE tiene que resolver la falta de información.”
INE
Es de mencionar que en días pasados, en un informe sobre la situación económica de los Institutos Electorales Estatales, el INE presentó un informe y manifestó su preocupación por la falta de recursos económicos del Instituto Electoral del Estado de Colima para la elección de juzgadores a nivel local.
El Instituto Electoral de Colima “enfrenta una asfixia presupuestal”, en diversos niveles, “que pondrían en riesgo los comicios”, dice el Informe del INE.
En las mismas condiciones que Colima, se encuentran los organismos públicos locales electorales de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas enfrentarán recortes de entre 68.92% y 53.9%, “lo que prende los focos rojos rumbo a los comicios judiciales”.
Al respecto, el consejero electoral Martín Faz, presidente de la comisión de Vinculación con los OPLE, presentó ante el Consejo General del INE un documento sobre la Situación Financiera que Guardan los OPLE, explicando que este “patrón” de recortes ha ido en aumento, con cada vez más porcentaje de afectación a esos organismos.
Tanto 16 órganos autónomos electorales entidades del país, como el INE, enfrentarán el reto de organizar las elecciones del 1 de junio al enfrentar recortes presupuestales.
Recordó que empezó con un recorte al Instituto Electoral de Colima, del 48% en 2021, mientras en 2022 aumentaron las entidades y los porcentajes, llegando a 65% en el mismo estado y en Guerrero; en 2023 y 2024 se vieron casos de recortes del 70-75%, y en Puebla, incluso, del 90 por ciento.
Martín Faz comentó que “lo que sí podemos observar pues es un patrón de asfixia presupuestal a los organismos públicos que, además de los recortes que en sí mismo lo es, también hay otras prácticas como el del no otorgarles a tiempo el recurso”.
“Hasta el momento no ha habido, no se ha suspendido ninguna elección por algún recorte de esta naturaleza, pero sí se ha trabajado bajo estrés institucionales”.
Los Tribunales locales han tenido que sentenciar que se deben dar recursos a los Oples para imprimir boletas en elecciones extraordinarias, como en el caso de Colima, que, el año pasado, el Tribunal local, tuvo que ordenar la entrega de 2.5 millones para el caso.
Al reconocer que hay problemas en las finanzas públicas de gobiernos locales y federales, el consejero Faz también subrayó que los recursos de ningún Instituto Electoral rebasan el 1% del presupuesto total de los estados por lo que no se puede considerar que sean “una carga fiscal o una carga económica grave”, por lo que “hay que decirlo, si hay, creo, un intento de presión a las autoridades” y de afectar la autonomía financiera porque “el estarte negando recursos para algo pues te limitan las posibilidades o te condicionan” según el interés del gobierno en turno por la elección o por una consulta popular.