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Nayarit.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) declaró como “enemigo público número uno” al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, por impulsar una ley de pensiones y jubilaciones que consideran violatoria de derechos laborales.
En un pronunciamiento público, el SNTE criticó la aprobación de la Ley de Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y Trabajadores del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que propuso el mandatario estatal en febrero de este año, en el Congreso local de mayoría de Morena el pasado 14 de marzo.
El sindicato liderado por Alfonso Cepeda Salas explicó que la ley aprobada “en lo oscurito y a espaldas del pueblo de Nayarit” contraviene lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho a acceder a una pensión y/o jubilación justa después de una cierta cantidad de años de servicios prestados.
En ese sentido, señaló que también vulnera los derechos constitucionales al institucionalizar “un salario pensionable, que según la ley, es el promedio de los salarios base de cotización que percibió el trabajador durante los últimos cinco años de su vida activa”.
“Las leyes impuestas a los legisladores por el desgobernador Miguel Ángel Navarro Quintero niegan su pertenencia al movimiento reivindicador de los trabajadores porque las bases y los objetivos de equidad y justicia de la política de seguridad social que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador orientada a garantizar a todos los mexicanos en particular a los trabajadores, jubilados, pensionados, el pleno goce de sus derechos económicos, sociales y laborales que son fundamentales para el bienestar de sus familias”, señala el pronunciamiento del SNTE.
Ante esta situación, el SNTE adelantó que emprenderá acciones legales para impedir que los derechos laborales de las y los trabajadores sean vulnerados con esta nueva ley estatal.
“Ante esta reforma unilateral y mezquina es otra embestida a las conquistas de las y los trabajadores, tenemos la obligación de interponer acciones legales correspondientes, así como de ejercer a plenitud nuestro derecho a la libre expresión y movilización que constituyen nuestros legítimos instrumentos de lucha para defendernos de las arbitrariedades cometidas por el desgobierno de Nayarit”, subrayó.