TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Por si no hubiera tema que tratar, está disponible la reciente denuncia que interpuso ante la PGR el panista que preside la Mesa directiva del Senado contra el candidato Ricardo Anaya por considerar que este ha incurrido en delitos varios y que en cualquier democracia deberían ser investigados. En el tercer debate, el candidato José Antonio Meade lo calificó como indiciado.
Ernesto Cordero dijo que los hechos que denuncia se refieren “a la realización de operaciones inmobiliarias con al menos dos familias queretanas de las que se desprende la realización de hechos ilícitos (tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte), así como para que se investiguen las discrepancias que existen entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados públicamente por su él y su señora esposa, con los efectivamente recibidos en la cuenta bancaria de ésta en los últimos años.”
Este fuego cruzado entre Anaya y Cordero ocurre en la recta final de la campaña por la presidencia de la república, pero ha de saber el lector que lo denunciado “trae cola” desde hace buen rato y debiera merecer una investigación eficaz; sin embargo, intuyo que la PGR y el que despacha en Los Pinos no quisieron victimizar al candidato Anaya y frenaron cualquier acción en su contra. Es evidente el uso faccioso de PGR, pero algo extraordinario pudiera ocurrir todavía en este caso.
Encima de cualquier aspiración política, está el del interés público. No es bueno para el país mantener en vilo la honorabilidad de un candidato por muy marrullero, mentiroso y manipulador que sea; está en juego el prestigio de la democracia, la viabilidad o recuperación de un sistema político que nada en el fango del descrédito. Es indignante que se acumulen evidencias de lavado de dinero mediante una red internacional de lavado y no se haga nada contra Anaya, clamó Ernesto Cordero.
“Anaya es un vulgar ladrón que debe pagar consecuencias”, declaró su opositor José Antonio Meade, auto nombrado un político de expediente reluciente de limpio sin cuentas con la justicia. No está de más recordar, en el caso Anaya, como se fraguó el supuesto delito: el empresario Manuel Barreiro Castañeda contrató a varias personas para hacerle llegar recursos a Ricardo Anaya mediante la creación de empresas fantasmas. Este mismo empresario, amigo de Anaya, adquirió junto al aeropuerto queretano 10 hectáreas en 28 millones de pesos, “ porque así convenía al Ayuntamiento”.
Para ello se simuló la supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Manhattan Masterplant the Development por 54 millones de pesos. El litigante Xamán Mc. Gregor dijo que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final (Ricardo Anaya), Barreiro, quien huyó a Canadá y está amparado contra una posible detención, encargó a sus ahora clientes Alberto y Manuel “N” construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasmas constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.
A través de esas empresas fantasma, se hicieron transferencias económicas en distintos países del mundo para que de esta forma se perdiera el rastro del dinero. Al final, la millonaria cantidad llegó a Tesorem, propiedad de aquellos dos denunciantes, mediante las cuales se envió a una compañía fantasma, Manhattan Masterplan Development, que pagó la cantidad a Juniserra, propiedad de Anaya. En síntesis, Anaya pagó 10 millones por la propiedad de casi 14 hectáreas y la vendió en 54 millones de pesos.
La operación financiera irregular que tantos millones produjo para Anaya y su campaña está al descubierto. No hay tal “chico maravilla.” Es menester que la PGR, ante la denuncia de Ernesto Cordero, llegue a las últimas consecuencias sin que importe el nivel del o los implicados o de si se trata de un candidato presidencial. México clama justicia.
Urge rescatar a México de la inmundicia y del fango de la impunidad y hacer valer el derecho, no hay tiempo que perder.