Estas asociaciones civiles solicitaron al Gobierno información detallada respecto a los fallecidos durante una reunión consenadores del PRI, PRD, PT y PVEM, a quienes les entregaron una iniciativa de reformas para la Ley General de Víctimas.
La directora del Centro de Estudios Ecuménicos, Sara San Martín Romero, manifestó que al no tener datos oficiales, las familias de las víctimas no tienen forma de localizarlos. “Lo hacemos para que el Gobierno actual rinda cuentas”.
La activista señaló que se requiere ir de fondo a las causas que generan la violencia y dar más opciones a los jóvenes.
Lo senadores turnaron la iniciativa a las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos.
Javier Sicilia, líder del MPJD, pidió un minuto de silencio para recordar a las personas que perdieron la vida por la violencia del país.
Rechazó que esta ley sea producto de la improvisación y mencionó que quien diga eso sufre un gran “Alzheimer social” porque la ley y las reformas son fruto de las marchas y del dolor de muchas familias por el accionar de la delincuencia organizada y por la negligencia del estado mexicano.
María Elena Morera, de México Unido Contra la Delincuencia, pidió a los legisladores avanzar en esta reforma para ser viable y resarcir el daño a las víctimas y con ello cerrar el círculo de dolor de miles de mexicanos.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, coincidió en que “no hay colores” partidistas en esta iniciativa y refrendó el respaldo de su partido para firmar de inmediato la misma como un acto de justicia.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la senadora Angélica de la Peña dijo que se está dando un primer paso para avanzar en la reforma que permita enmendar la ley y que pueda ser una realidad su cumplimiento y aplicación en el país.
En diciembre de 2012, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que el resultado de la guerra contra el crimen organizado que inició durante el ex presidente Felipe Calderón dejó más de 70 mil muertos y alrededor de nueve mil personas desaparecidas; también mencionó que surgieron entre 60 y 80 nuevos cárteles.
El procurador mencionó que el sistema de justicia y las instituciones no estaban preparadas para enfrentar a la delincuencia organizada en el sexenio pasado, debido a que el sistema de justicia del país estaba hecho para una nación en paz.
Fuente: EL INFORMADOR