Por: Ángel Durán Pérez
El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Colima anunció que entre mayo y junio de 2026 evaluará a las 10 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y a los 31 juzgadores electos en 2025; incluyendo todo el personal de los tribunales.
La noticia circula en redes y eso está bien, además invita a la ciudadanía a participar mediante encuestas de satisfacción “ aunque no dice como”.
Creo que nadie se opone a evaluarlos.
Detrás de este proceso hay algo que durante demasiado tiempo se ignoró en Colima: el derecho de la sociedad atender un sistema judicial que resolviera con prontitud sus quejas.
Evaluar a los juzgadores al término de su primer año es una obligación constitucional, respaldada además por compromisos internacionales que México ha asumido.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura coinciden en algo que no admite matices: la sociedad tiene derecho a que quienes administran justicia, demuestren mérito y capacidad, no solo al asumir el cargo, sino en el ejercicio cotidiano y verificable de la función.
El Estado no puede permitirse mantener en el juzgado a quien no está a la altura de esa responsabilidad, porque el costo lo paga la sociedad, no la institución.
Hasta ahí, que el proceso es correcto.
Pero ahora viene la pregunta incómoda que nadie formula en el comunicado oficial.
Pregúntele a cualquier litigante activo en Colima. Pregúntele a un secretario de juzgado que trabaja sin equipo actualizado, sin expediente electrónico, sin personal suficiente, sin conexión real con los demás órganos del sistema.
Pregúntele a quien lleva meses esperando sentencia en un asunto de pensión alimentaria o de violencia familiar, mientras su expediente duerme en un archivo físico desbordado, del que a veces simplemente desaparece.
La respuesta será la misma: el problema no es únicamente quién juzga, sino en qué condiciones se juzga.
El Poder Judicial Federal lleva años demostrando que la inversión sostenida en tecnología, capacitación e infraestructura es la diferencia real entre un sistema que funciona y uno que colapsa bajo su propio peso.
En Colima, ese estándar sigue siendo un anhelo, y no se ve cuando se consiga, porque no se ve la voluntad.
No porque todos sus servidores públicos sean incapaces, sino porque la institución no les ha dado las condiciones mínimas para ser otra cosa.
¿Qué ocurre entonces cuando el Tribunal evalúa productividad y prontitud a un juez que resuelve con expedientes físicos acumulados por años, sin tecnología, sin personal suficiente, sin interconexión institucional? Que puede terminar sancionando no la negligencia, sino el abandono del propio sistema.
Eso no es disciplina judicial. Es una injusticia hacia los juzgadores que, además, cancela cualquier posibilidad real de cambio.
Hay fallas que sí son imputables al juzgador: descuido, arbitrariedad, incumplimiento deliberado de plazos. Esas deben detectarse y sancionarse sin contemplaciones. Pero hay fallas imputables a la institución: al Congreso que no asigna presupuesto suficiente, a la administración que no moderniza sus sistemas, a una cultura organizacional que no ha dado el salto que la reforma exige. Confundirlas es un error técnico y ético de primera magnitud, y sus consecuencias las paga, una vez más, quien acude al tribunal a pedir que le hagan justicia.
La reforma judicial le prometió a la sociedad colimense algo concreto: juicios más rápidos, sentencias de calidad, un poder judicial que responda y sea eficiente “eso es lo que dice la constitución federal en su artículo 17”.
Esa promesa no se cumple evaluando solo a las personas. Se cumple transformando la institución de fondo, con diagnósticos honestos, datos reales y la disposición de señalar lo que no funciona aunque el señalado sea el propio sistema que hoy convoca la evaluación.
La sociedad no necesita más anuncios bien redactados. Necesita justicia que llegue a tiempo. Y el Tribunal de Disciplina tiene hoy la oportunidad, y la responsabilidad, de hacer que así sea.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.