Por: Mario Acevedo Manzano
De nuevo aparece el fantasma de la represión del gobierno federal personificado por un militar de carrera de apellido Aponte, Delegado de la Secretaria de Gobernación en el Estado de Colima al tratar de intimidar a manifestantes por el descontento del Gasolinazo a principio de este año. Se suponía que, la represión del gobierno federal hacia los manifestantes por el descontento de las políticas públicas era cosa del pasado, pero, ¡oh sorpresa! La represión aparece nuevamente con el uso político de la PGR cuando ve probables delitos en los inconformes por el aumento de los precios en los combustibles, ¡hágame favor estimado lector, van a tener que meter a la cárcel a la mitad de los mexicanos más los que se acumulen hasta el final del sexenio de Peña Nieto de continuar esa práctica represiva del gobierno federal!
Las delegaciones federales deben desaparecer y más los delegados federales de formación castrense, como son el administrador del API y el Delegado de Gobernación, ellos no saben conciliar, saben pelear hasta vencer o morir, así es la formación militar, por ello, no se aprueba la Ley de Seguridad pública nacional por la facultad que le dan al ejercito de intervenir en la vida civil, o sea, militarizar el gobierno nos llevaría a un enfrentamiento continuo con las fuerzas armadas, me parece un grave error militarizar la operación de puertos cuando nuestros flamantes diputados aprobaron reformas a la ley en la materia dándoles la operación de los Puertos Nacionales a la Marina Armada de México les están saliendo los dientes a los militares y ven en un futuro, quizás, hasta un gobierno de tipo militar o militarizado, sigue siendo válido el dicho aquel que dice: un civil puede militarizarse, pero un militar no puede civilizarse, darle a las fuerzas armadas legalidad para detener civiles es un grave riesgo a la seguridad nacional, al rato, la lucha será de los ciudadanos en contra del ejército.
El citatorio de la PGR para Arnoldo es la primera fase de la intimidación y miedo, para imponer sometimiento del ciudadano al gobierno, una vez más, el gobierno quiere ciudadanos sometidos a sus lineamientos y no quiere ciudadanos independientes y formadores de una nueva nación, busca incondicionales que mantengan el poder y la autoridad, cuando, la misión de cualquier gobierno debe ser apoyar la demanda social de sus representados. La PGR no puede contra los carteles y extorsionadores del hampa nacional, ¡ah pero eso sí! Tratándose de reprimir, tiene a sus puerquitos en los defensores de los derechos civiles y políticos.
Permitir el uso político de la PGR es una descomposición de las instituciones del gobierno, pero, también los ciudadanos debemos, defendernos de las malas intenciones del gobierno cuando pervierte sus propias instituciones y es la protesta publica la única forma de evitar el autoritarismo gubernamental que sueña con volver a los tiempos de partido único en donde la voz del presidente de la republica era la única forma de conducir al país, creo ahora, se han ganado muchas libertades que hacer ser al mexicano más libre y más participativo en los intereses nacionales.
¿Por qué la PGR no cita a los profesores de la CNTE por los daños a las vías generales de comunicación, a la economía nacional y los muertos producidos durante sus protestas? De seguro, por su incapacidad para investigar los delitos y con muchas facultades para iniciar expedientes de investigación por la impunidad en que operan todos los ministerios públicos, ¿recuerda usted apreciable lector a las indígenas queretanas sentenciadas a más de 20 años de prisión por, según la autoridad, secuestrar a 5 agentes federales? La impunidad del ministerio público que las consigno es flagrante y sin embargo, no hay castigo por su abuso de autoridad. Así se las gasta el gobierno federal en su procuración de justicia.
Ante la posible represión a Arnoldo Vizcaíno se debe iniciar un movimiento estatal para solicitarle al C. Gobernador del Estado Lic. Ignacio Peralta sea expulsado del Estado los delegados federales represores de los colimenses.
Notas cortas
Virgilio Mendoza Amezcua se desempeña como delgado del Verde en el Estado de México. Será testigo de una de las grandes batallas electorales de los últimos años, para empezar las autoridades electorales locales ya están bateando a favor del PRI cuando autorizan como límite del gasto en campañas un aproximado a los 300 millones de pesos.