Por: Ángel Durán
La cultura es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana y por diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece expresamente que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”.
Este mandato obliga a las autoridades no solamente a promover actividades artísticas, sino también a conservar el patrimonio histórico y arqueológico que da identidad a nuestras comunidades.
Por ello resultan preocupantes las manifestaciones expresadas durante un foro sobre historia realizado recientemente en la Casa de la Cultura de Colima, donde diversas voces provenientes de los ámbitos académico, cultural e histórico señalaron el abandono en que se encuentra el Museo María Ahumada de Gómez.
Lo que comenzó como una reflexión sobre la situación cultural del estado terminó convirtiéndose en un llamado urgente para proteger uno de los espacios más representativos de la memoria histórica colimense.
Durante el encuentro, varios participantes expresaron públicamente su preocupación por las condiciones en que se encuentra el museo y por el riesgo que podrían enfrentar algunas de las piezas arqueológicas y bienes culturales que ahí se resguardan.
Incluso; hubo reclamos directos hacia quienes tienen responsabilidades en la conservación del recinto, “ahí presente” exigiendo mayor atención y acciones concretas para garantizar la protección del patrimonio.
Más allá de cualquier diferencia administrativa o política, el tema merece ser abordado con seriedad. No se trata únicamente de un edificio. Lo que está en juego es una parte de la historia de Colima.
El nombre del museo recuerda a María Ahumada de Gómez, una mujer que ocupa un lugar especial dentro de la memoria cultural del estado.
Aunque no fue arqueóloga profesional, diversas referencias históricas la describen como una apasionada defensora del patrimonio arqueológico colimense.
En una época en que era frecuente el saqueo de tumbas prehispánicas y la venta de piezas a coleccionistas nacionales y extranjeros, ella comprendió que aquellos objetos no eran simples antigüedades, sino testimonios irrepetibles de las civilizaciones que habitaron estas tierras.
Con recursos propios, María Ahumada adquirió numerosas piezas arqueológicas que de otra manera probablemente habrían salido del estado o incluso del país.
Su propósito no era coleccionar por vanidad ni acumular riquezas, sino preservar la memoria histórica de Colima para las futuras generaciones.
Gracias a ese esfuerzo personal fue posible conformar una importante colección que posteriormente dio origen a un museo dedicado a su nombre.
La relevancia de este legado es enorme.
Cada figurilla, vasija, herramienta o representación ceremonial conservada en ese acervo constituye una fuente de información para historiadores, arqueólogos, estudiantes y ciudadanos interesados en conocer el pasado de nuestra región.
Son piezas que permiten reconstruir formas de vida, creencias, expresiones artísticas y estructuras sociales de los pueblos originarios que dieron forma a nuestra identidad.
Por ello cualquier deterioro, abandono o insuficiencia en las medidas de conservación debe ser motivo de preocupación colectiva.
Las obligaciones del Estado mexicano en esta materia son claras.
Además del artículo 4º constitucional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural.
Asimismo, la legislación mexicana en materia de patrimonio arqueológico establece que estos bienes forman parte de la riqueza cultural de la Nación y deben ser protegidos para beneficio de toda la sociedad.
Cuando a un museo no se le dan mantenimiento, cuando no se destinan los recursos para su conservación o cuando las condiciones de resguardo resultan insuficientes, no solamente se deterioran objetos materiales.
También se debilita la capacidad de una comunidad para transmitir su historia y fortalecer su identidad.
Las generaciones presentes tienen derecho a conocer su patrimonio, pero las futuras también tienen derecho a recibirlo en condiciones adecuadas.
Esa es la verdadera dimensión del problema.
Por ello resulta indispensable que las autoridades culturales, el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Congreso local y la propia sociedad civil realicen una evaluación integral del estado que guarda el Museo María Ahumada de Gómez.
Es necesario conocer las condiciones reales del inmueble, del acervo arqueológico, de los sistemas de conservación y de los recursos destinados a su funcionamiento.
La preocupación expresada durante el foro no debe quedar solamente en una anécdota.
Debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la protección del patrimonio cultural colimense.
La historia demuestra que María Ahumada de Gómez dedicó parte de su vida a rescatar piezas arqueológicas para impedir que desaparecieran.
Hoy corresponde a las instituciones públicas y a la sociedad asumir esa misma responsabilidad.
Y es que si dejamos como sociedad que se pierdan los vestigios de nuestros antepasados, también perdemos parte de su memoria. Y cuando la memoria se pierde, se debilitan nuestras raíces.
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