Análisis Político
Por: Abel González Sánchez
El presidente estatal en Colima de la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex, Eduardo Sánchez García exhortó a los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública en el estado de Colima a poner orden en materia de seguridad pública porque señaló que la inseguridad en lugar de bajar en los últimos años va en un preocupante aumento, en donde cerca del 50 por ciento de empresarios afiliados a esta organización ya han sido afectados por la delincuencia.
En su reciente declaración pública precisó que urge que los partidos hagan un alto en el camino para retomar y valorizar en el nuevo año 2023 el grave problema de inseguridad, debido a que muchas pequeñas empresas empezaron a cerrar por este motivo y la mayoría están atemorizadas porque además de los robos algunos delincuentes han amenazado en cobrar piso, por tal motivo se requiere una mejor atención a nuestra problemática por parte de los responsables en materia de seguridad pública, urge una reunión estatal con los empresarios.
Los señalamientos que hace el líder empresarial deberían ser tomados en cuenta, pues Colima es un estado demasiado pequeño en comparación a las demás entidades del país y además está muy bien comunicado, pues son únicamente diez municipios, hace varios años a las entradas y salidas de los municipios había casetas de vigilancia con patrullas instaladas para la seguridad de los taxistas y la población.
Si recordamos hace como 17 años fueron construidas cientos de casetas de vigilancia en la administración estatal de Fernando Moreno Peña, se instalaron en los parques, jardines, avenidas estratégicas en los diez municipios, todas estaban comunicadas por radio y celulares que parecían ladrillos, posteriormente fueron abandonadas por obscuros intereses, argumentando falta de recursos y riesgos de los policías, los mismos policías desmintieron, quizás ahora podrían ser rehabilitadas porque a la fecha existen dichas casetas y podrían ser ocupadas por los militares, marinos y de la guardia nacional en lugar de estar la mayor parte de tiempo en los cuarteles o haciendo rondines que poco han funcionado.
Por otra parte, el famoso C-5 que dicen se gastaron cientos y cientos de millones de pesos para construirlo, para algo debe servir, cuando menos para operar las pocas cámaras de vigilancia que tienen en funcionamiento, pero urge tratar de reponer las que realmente se requieren en los lugares estratégicos de los municipios. La actual administración estatal que encabeza Indira Vizcaíno entrego cientos de patrullas nuevas sin embargo, quizás no han dado los resultados adecuados porque no se ubican en los lugares estratégicos como pueden ser las casetas de vigilancia.
Sin duda la inseguridad pública es la más alta responsabilidad social y política de los gobiernos federal, estatal y de los ayuntamientos que ha sido incumplida, por ello dice bien el líder de los empresarios afiliados a Coparmex que urge un orden de los tres niveles de gobierno para que reorganicen su estrategia localmente en éste año nuevo 2023, piden cuando menos una reunión de empresarios con los responsables de seguridad pública y también con los legisladores locales y federales que nada han beneficiado al estado en éste rubro, inclusive ya andan perdidos en la sucesión presidencial del 2024.
Reconocemos que la seguridad pública es una tarea compleja y que le compete mayormente al gobierno federal, pero también a la misma sociedad colimense y en especial a las familias o padres que han perdido el interés del control de algunos de sus hijos que se hayan desviado en su camino a la delincuencia o la vagancia, pues ellos más que nadie, están especialmente obligados a sanarlos o rehabilitarlos si son adictos o delincuentes y reincorporarlos al estudio o al trabajo productivo, es su más alta responsabilidad para colaborar así en ésta compleja tarea para retomar la tranquilidad, la paz y la seguridad social de Colima y del país.