La iniciativa presentada en 2009 por el presidente Felipe Calderón generó polémica, pues no todos los senadores avalan recibir un trato diferente al resto de la población.
El planteamiento destaca que se aumentará hasta tres cuartas partes el castigo en caso de lesiones graves u homicidio calificado €”que es de 30 años€” cuando sea contra un servidor público. La pena, entonces, llegaría a los 52 años. Lo mismo ocurrirá con quienes secuestren a servidores públicos. En este caso, al ser de 60 años el castigo, la pena llegaría a los 105 años de cárcel.
El dictamen incluye nuevas disposiciones para resguardar las instituciones de seguridad.
Piden ampliar penas si se ataca a políticos
Prisión de hasta 105 años y la creación del tipo penal que castigue a los integrantes de la delincuencia organizada que lesionen, secuestren o maten a funcionarios, militares y policías nacionales o extranjeros, incluidos candidatos, autoridades electorales, personal diplomático y familiares, constituyen la columna vertebral de la reforma a diferentes leyes que el Senado tiene lista para debatir hoy.
Los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, presidida por el panista Alejandro González Alcocer, tienen previsto discutir esta reforma propuesta por el presidente Felipe Calderón, y que ha generado polémica entre los mismos senadores, pues no todos ven bien que se les trate de manera diferente al resto de los ciudadanos; sin embargo, también consideran que los atentados a candidatos y otros servidores públicos nacionales y extranjeros requieren atención.
Hasta anoche los senadores dialogaban sobre algunos puntos que aún deben corregirse en el dictamen, pero según el documento que ayer fue distribuido entre los integrantes de la Comisión de Justicia, se establece un castigo severo a los criminales que atenten contra servidores públicos, nacionales o extranjeros.
Destaca que se aumentará hasta tres cuartas partes el castigo de lesiones graves u homicidio calificado, que es de 30 años, lo cual implica que en caso de un servidor público serán 52.5 años; y lo mismo ocurrirá con quienes los secuestren que, al ser 60 años el castigo por plagio, implica una pena de hasta 105 años de cárcel.
Estos castigos están previstos para proteger a los familiares de los servidores públicos y a los integrantes de las dirigencias de los partidos políticos.
Advierte que cuando se lesione, secuestre o mate a servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, fuerzas armadas y quienes hayan sido electos para puestos de elección popular, miembros de representaciones diplomáticas y consulares de otros países o de organismos internacionales acreditados en México o funcionarios de gobiernos extranjeros en visita oficial, o contra alguno de los familiares de los anteriores con parentesco hasta segundo grado, se aumentarán las penas aplicables por los delitos de que se trate hasta las tres cuartas partes.
Y cuando esos delitos se cometan en contra de candidatos a puestos de elección popular, funcionarios partidistas o contra alguno de los familiares de los anteriores con parentesco hasta segundo grado, se aumentarán las penas aplicables por los delitos de que se trate hasta las tres cuartas partes.
Resguardo de instituciones
En el dictamen que discutirán los senadores hoy se incluyen también nuevas disposiciones para resguardar las instituciones nacionales de seguridad.
Así, establece que se impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y de 500 a mil días de multa al que acceda sin la debida autorización a información que describa instalaciones o formas de operación de instituciones federales de seguridad pública.
Se incrementará la pena hasta en una mitad al que, para realizar la conducta tipificada en el párrafo anterior, se introduzca sin autorización en las instalaciones de las instituciones federales de seguridad pública, precisa.
También a quien destruya, altere o dañe por cualquier forma los bienes asignados a las instituciones federales de seguridad pública, de tal modo que se afecte su funcionamiento, sobre todo si tiene formación militar.
