VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Las recientes acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra funcionarios y figuras políticas mexicanas presuntamente vinculadas al narcotráfico tienen al gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum en el centro de una tormenta política, diplomática y moral. Lo que es aún más grave, es la negativa pública de su administración a detener o extraditar a varios de los señalados, bajo el argumento de que Washington no ha presentado “pruebas suficientes”, situación que amenaza con transformar una crisis de cooperación bilateral en una crisis de Estado.
No se trata solamente de soberanía nacional. Las evidencias son más que claras, por lo que el problema es otro: cuando un gobierno parece reaccionar más como defensor político de los acusados que como garante de la legalidad, el daño institucional se vuelve profundo y potencialmente irreversible.
Por si fuera poco, hay advertencias de que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos nexos con cárteles, particularmente relacionados con el Cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo, la administración Sheinbaum ha respondido denunciando “injerencismo” y defendiendo que no habrá extradiciones ni arrestos sin pruebas contundentes presentadas ante autoridades mexicanas. El acuerdo bilateral sobre extradiciones no dice eso.
Nate las evidencias ampliamente conocidas por los sinaloenses la esa exigencia de pruebas se convierte en una barrera política absoluta y no en un procedimiento jurídico transparente. Porque el mensaje que se proyectarse hacia el exterior es devastador: México protege la infiltración criminal para administrarla políticamente. Ese es el verdadero peligro.
Durante años, el narcotráfico logró capturar municipios, policías locales y gobiernos estatales. Pero hoy el riesgo es mayor: que la sospecha internacional alcance al propio aparato federal y que el Estado mexicano se exhiba no como víctima del crimen organizado, sino como una estructura condicionada por los cárteles, resultado de la complicidad. Estamos entonces ante un grave problema de seguridad nacional
Las consecuencias económicas pueden ser severas. La banca mexicana ya activó protocolos antilavado y mecanismos defensivos tras las acusaciones estadounidenses contra figuras políticas de Sinaloa. Los inversionistas internacionales observan con enorme preocupación cualquier señal de colusión entre poder político y crimen organizado. Ninguna economía puede sostener estabilidad financiera si existe el riesgo de sanciones, restricciones bancarias o pérdida de confianza internacional.
México depende profundamente de su integración con Estados Unidos: comercio, inversiones, cadenas industriales, remesas y cooperación financiera. Un deterioro acelerado de la confianza bilateral podría afectar desde el T-MEC hasta el acceso de instituciones financieras mexicanas al sistema internacional. La historia demuestra que los mercados castigan más rápido la percepción de impunidad que la violencia misma.
Pero el daño no sería únicamente económico. También existe un costo social y democrático. Cuando los ciudadanos observan que las acusaciones contra figuras del poder son respondidas automáticamente con discursos de soberanía y cierre de filas partidista, la percepción pública cambia: la ley deja de verse como instrumento de justicia y empieza a percibirse como herramienta convenenciera del poder. Eso erosiona la confianza en las instituciones, radicaliza la polarización y alimenta el desencanto democrático. De hecho, la postura obtusa de Claudia, no solo confirma el autoritarismo agazapado sino que al convertirse en soberbia, les impide ver que esa defensa está afectando aún más la ya de por sí maltrecha imagen de Morena, pues aumenta la sospecha, el descrédito y la desconfianza,
La presidenta Sheinbaum enfrenta una decisión histórica. Puede asumir una postura de confrontación permanente con Washington, envolviendo el conflicto en banderas nacionalistas, o puede convertir esta crisis en una oportunidad para demostrar que el Estado mexicano todavía tiene capacidad de investigarse a sí mismo, de autocrítica y de aceptación de sus errores.
Porque la soberanía no consiste en proteger políticos acusados. La soberanía auténtica consiste en demostrar que las instituciones nacionales son suficientemente fuertes para investigar, procesar y castigar cualquier vínculo criminal sin necesidad de presión extranjera. Por eso la presidente tiene que demostrar que México está por encima de los intereses del partido, que no son un narco partido y que tampoco encabeza un narco estado. No hacerlo es confirmar la complicidad.
Si el gobierno mexicano no logra transmitir esa capacidad, el riesgo es enorme: que Estados Unidos avance unilateralmente, que aumente la presión diplomática y financiera, y que México entre en una etapa de desconfianza internacional estructural.
La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de países donde el crimen organizado dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en un componente del sistema político. Venezuela es el claro ejemplo. Comienza con pequeñas justificaciones, silencios estratégicos y defensas ambiguas en nombre de la estabilidad o la soberanía, pero la verdad siempre triunfa. Hoy la realidad los exhibe de cuerpo entero por las múltiples denuncias, investigaciones periodísticas, investigaciones formales en Estados Unidos y los señalamientos de la oposición, pero a pesar de todo, Claudia todavía está a tiempo de evitar que la crisis le estalle en la cara.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.