Por: Ángel Durán
El sábado 15 de agosto participé como invitado y ponente en la Primera Cumbre Ciudadana, convocada por Bloque Amplio Sociedad Civil Colima, bajo el lema “Construyamos el mejor Colima”, realizada en el Centro Cultural Horacio Cervantes, en la capital del estado.
Por lo que ahí se explicó, éste es el primero de tres encuentros regionales que buscan escuchar a la sociedad, discutir los problemas públicos y generar propuestas rumbo al próximo proceso electoral. Después vendrán los encuentros correspondientes en Tecomán y Manzanillo.
Durante la Cumbre escuché preocupaciones sobre inseguridad, economía, educación, justicia, democracia y la necesidad de que los partidos políticos presenten candidatos preparados, con trayectoria y capacidad suficiente para ejercer el cargo al que aspiran.
Hubo también preguntas muy interesantes del público que, por falta de tiempo, no pudieron discutirse suficientemente. Y creo que una Cumbre Ciudadana necesita precisamente eso: tiempo para la confrontación respetuosa de las ideas y para intentar encontrar respuestas. Por ello dedicaré algunos artículos a las preguntas que quedaron sobre la mesa.
Una de ellas me pareció fundamental: ¿qué podemos hacer con quienes durante las campañas prometen y, cuando llegan al poder, no cumplen?
La pregunta parece sencilla, pero toca el centro mismo de nuestra democracia.
La sociedad civil organizada tiene aquí una enorme responsabilidad. No hablo solamente del ciudadano que individualmente emite su voto, sino de personas que deciden organizarse alrededor de objetivos comunes para intervenir legítimamente en los asuntos públicos.
¿Para qué organizarse?
Precisamente para incidir.
Los partidos políticos tienen constitucionalmente la responsabilidad de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. La sociedad, por su parte, tiene todo el derecho de exigirles que esa función se realice responsablemente.
Por eso me parece importante uno de los planteamientos escuchados en la Cumbre: los partidos deben postular candidatos preparados.
La ciudadanía puede comenzar desde antes de las campañas. Observar quiénes aspiran, revisar sus trayectorias, conocer su preparación, cuestionar sus antecedentes, analizar sus propuestas y exigir a los partidos que no improvisen candidaturas.
Pero después viene algo todavía más importante.
El voto no puede convertirse en un cheque en blanco.
Si un candidato adquiere compromisos públicos durante una campaña y obtiene el poder gracias a ellos, la sociedad debe darles seguimiento. Tiene que acompañarlo cuando sus decisiones favorezcan el interés colectivo, cuestionarlo cuando se aparte de sus compromisos y exigirle explicaciones cuando aquello que prometió no se cumpla.
Incluso los propios partidos deberían fortalecer sus documentos básicos, códigos de ética y mecanismos internos para dar seguimiento al comportamiento de quienes llegaron al poder bajo sus siglas. Si alguien sistemáticamente incumple sus compromisos, el partido tendría que valorarlo antes de volver a postularlo.
Pero también necesitamos avanzar institucionalmente.
Nuestra legislación electoral, los mecanismos de participación ciudadana y las propias reglas de los partidos pueden evolucionar para abrir mayores espacios a la vigilancia social. Institutos electorales, tribunales, legisladores y partidos deben generar condiciones para que la participación ciudadana no termine el día de la elección.
La propia Carta Democrática Interamericana, de la que México forma parte dentro del sistema interamericano, reconoce la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía como elemento fundamental para el ejercicio democrático.
Aquí aparece entonces la respuesta a aquella pregunta de la Cumbre.
¿Cómo castigamos democráticamente a quien promete y no cumple?
Primero, informándonos. Después, organizándonos. Exigiendo rendición de cuentas durante el ejercicio del cargo. Utilizando los mecanismos legales de participación y control que existan. Presionando democráticamente para crear los que todavía nos hacen falta. Y, finalmente, haciendo valer nuestra memoria ciudadana cuando nuevamente se solicite nuestro voto.
No todo incumplimiento significa necesariamente engaño. Gobernar tiene límites jurídicos, presupuestales e institucionales. Por eso también debemos aprender a distinguir entre quien no pudo cumplir y explica las razones, y quien simplemente olvidó aquello que prometió.
Ésa es parte de la nueva cultura democrática que necesitamos construir.
La Cumbre dejó una palabra que escuché reiteradamente: unión.
Estoy de acuerdo. Pero unirnos como sociedad significa hacerlo alrededor de objetivos comunes: mejores candidatos, mejores gobiernos, respeto a la Constitución, cumplimiento de la ley y vigilancia permanente del poder.
Gobierne quien gobierne.
Porque el poder público no termina perteneciendo a quien gana una elección. El poder también le pertenece a la sociedad.
Y mientras la sociedad no lo ejerza mediante la participación, la organización y la exigencia permanente, otros terminarán decidiendo por ella.
Si quedó alguna duda referente a los temas, en los que te puedo dar respuesta, me puedes escribir al siguiente correo.
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