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Bolivia. – La Justicia boliviana declaró en rebeldía al ex presidente Evo Morales (2006-2019) este viernes, luego de que se ausentara por segunda vez a su audiencia de medidas cautelares por la investigación en la que se lo acusa por el delito de trata de personas.
En la audiencia, que inició a las 09:30 en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el juez Nelson Rocabado determinó dictar su arraigo, congelar sus cuentas, anotar sus bienes y emitir una nueva orden de aprehensión.
Al inicio de la audiencia, el abogado de Morales, el ex ministro Jorge Pérez, presentó una recusación para apartar el juez Rocabado del caso porque considera que su imparcialidad está en entredicho. Tras negar este recurso, se impuso una multa a la defensa del ex mandatario.
A su ingreso a Tribunal de Justicia, Pérez manifestó ante los medios que Morales es “inocente y un perseguido político” porque no se estaría cumpliendo con el debido proceso y ratificó que su defendido no fue notificado. “Por eso es ilegal el mandamiento de aprehensión y la imputación formal, a él nunca lo notificaron. Que nos muestren que llegaron los asistentes del Ministerio Público a su domicilio, eso no existe”, expresó.
La audiencia fue inicialmente programada para el martes 14 de enero pero fue suspendida hasta este viernes, luego de que la defensa del ex presidente presentara un certificado médico que alegaba impedimentos de salud para asistir y el juez Nelson Rocabado le diera un plazo para presentar una valoración médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Minutos antes del inicio de audiencia de este viernes se vivieron momentos de tensión en la puerta del Tribunal de Justicia entre simpatizantes y detractores de Morales. Sus seguidores colgaron letreros que exigían la presunción de inocencia y hacían referencia al presidente Luis Arce como “¿Por qué algunos servidores públicos no denunciaron en su momento y ahora dicen que era un secreto a voces? ¡son cómplices!”.
En tanto una veintena de detractores del ex presidente -que tenían los rostros cubiertos con barbijos, gorras y gafas- portaban carteles exigiendo justicia. Tras el ingreso de la fiscal y el abogado de Morales, los dos grupos se enfrentaron con gritos. Unos acusaban a los detractores de ser funcionarios públicos pagados para estar ahí y les exigían dar la cara, a lo que los otros respondían “¡que dé la cara Evo!”.