AL DESNUDO
Por: Édgar Rodríguez H.
Con el dicho, Mucho ruido y pocas nueces puede calificarse el trabajo desarrollado por los diputados de la 58 legislatura estatal, políticos que no sólo debieron actuar responsablemente y llamar a cuentas -como se comprometieron y no cumplieron-, a todos los ahora ex funcionarios públicos de los ayuntamientos y del ex gobernador Mario Anguiano Moreno, señalados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), por las irregularidades cometidas en el manejo de los recursos públicos.
Habrá quien no tiene memoria, pero a esos legisladores habría que recordarles que, en 2015 aún como aspirantes a una curul en el Congreso local, se comprometieron durante sus respectivas campañas a llevar ante la justicia a todo aquel funcionario público que hubiese incurrido en actos de corrupción, enriqueciéndose a costa del pueblo.
Y es que en aquel entonces los ciudadanos colimenses vieron crecer sus esperanzas debido a que por primera vez un partido distinto al PRI, tenía la mayoría simple en el congreso con 13 diputados; la expectativa y esperanzas que tenía la sociedad depositada en estos legisladores era la de llevar al banquillo de los acusados a esos funcionarios que de la noche a la mañana se convirtieron en los nuevos ricos de colima.
La esperanza era legítima y sólida, porque antes de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso del estado era el espacio donde se dirimían las sanciones de aquellos funcionarios que incurrieran en alguna irregularidad, y la Comisión de Responsabilidades al estar presidida, primero por el panista Riult Rivera y, luego en la última etapa de la 58 Legislatura, por la también panista Julia Jiménez, pronosticaban que algo bueno sucedería. Sin embargo, no fue así.
Transcurrieron no sólo los días, sino también los años y nada pasó, como si los
corruptos no existieran, aún y cuando el entonces titular del OSAFIG Armando
Zamora, realizó una auditoría que arrojó irregularidades que extrañamente nadie
de los legisladores vio, porque los diputados blanquiazules se abocaron a lavar
las cuentas públicas. Incluso, su ex dirigente estatal, como negocio, se
encargaba de administrar las cuotas de recuperación (el famoso diezmo de lo
observado por el OSAFIG), exigido a todos los funcionarios interesados en que
los dictámenes de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, les favorecieran
para no ser sancionados administrativa y económicamente.
Esto explica de dónde salió el recurso con el cual la ex diputada pudo adquirir una vivienda en la zona más exclusiva al norte de la ciudad. Ejemplo que hoy ha servido a los diputados de la actual 59 legislatura, específicamente a quienes presiden la Comisión de Responsabilidades para actuar de forma similar.
En el inicio de la 59 Legislatura local, dicha Comisión la presidió el diputado Carlos Farías, quien la dejo argumentando un conflicto de interés por el hecho de ser compadre y consuegro del ex gobernador Mario Anguiano Moreno quien, por cierto, aún tiene abierto un expediente.
La estafeta se la dejó a la diputada morenista defenestrada
Jazmín García, quien para el infortunio de los colimenses, hace unos días anunció
su renuncia argumentando que en dicha Comisión prevalecía un desastre por el
desaseo que presentaban los expedientes, además de la clara falta de voluntad
de sus compañeros para sacar adelante los temas de sanciones observadas bajo la
ley anterior.
Esta situación de impasse de la Comisión de Responsabilidades
ha puesto en una posición muy cómoda a la diputada por Manzanillo, Ana Sánchez
Landa actual presidente de la Comisión de Vigilancia de OSAFIG, quien aprendió
rápido y ha venido copiando el actuar de la ex diputada panista Julia Jiménez, al ofrecer a los ex funcionarios y los funcionarios
actuales de la administración pública, inmunidad en la revisión de las cuentas.
¿A cambio de qué cree? pues sí, a cambio
de un diezmo que oscila entre los 15 y 30 mil pesos mensuales que, según ella,
merece por el simple hecho de ser la presidenta de esa Comisión, y por la
injerencia que, también, según ella, puede tener para que la auditora superior estatal
Indira García, realice auditorías menos rigurosas a todos aquellos funcionarios
y ex funcionarios interesados en que les den una ayudadita.
Con su actuar, Sánchez Landa no sólo pone en entredicho el trabajo que viene realizando el Osafig, sino que pretende engañar a los funcionarios y ex funcionarios que se le acerquen, por el simple hecho de que la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción es clara al señalar que el Congreso del Estado, ya no es un ente revisor y mucho menos sancionador, sino competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que por cierto hoy en día, con la caída de sus tres magistrados, es un elefante blanco en espera de dejar de serlo, para sancionar los actos de los funcionarios públicos que atenten contra la administración y buen manejo de los recursos públicos.