Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Alguien está mal aconsejando a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al hacerle creer que puede endilgarles a los municipios el costo político de la inseguridad. Es una estrategia desgastada, un cartucho quemado. Ya lo intentaron antes Nacho Peralta y Mario Anguiano, sin éxito alguno. Ninguno logró transferir el costo político de los delitos de acto impacto a los alcaldes, por más de que se dijo que les correspondía el tema preventivo.
Si no funcionó en el pasado, ¿por qué habría de funcionar ahora con Riult Rivera, Tey Gutiérrez o incluso Rosy Bayardo —aunque es evidente que las baterías del Ejecutivo estatal apuntan principalmente a los dos primeros—? La respuesta está en la jerarquía política: Indira Vizcaíno es la figura pública con mayor peso en Colima.
En consecuencia, cuando se trata de temas tan sensibles como la seguridad, es natural que la ciudadanía le exija más resultados a quien encabeza el Poder Ejecutivo estatal. Las y los alcaldes, aunque tienen responsabilidades bien definidas en el marco constitucional, no representan al estado en su conjunto ni encarnan el poder como lo hace la gobernadora.
Y es que en el imaginario colectivo, cuando se habla de violencia, inseguridad o impunidad, el primer rostro que aparece no es el de un presidente municipal, sino el de la persona que gobierna la entidad. Lo mismo ocurre a nivel federal: es a la presidenta —no a los gobernadores— a quien se exige rendición de cuentas en materia de seguridad, salud o educación.
Por tanto, la gobernadora no puede —ni debe— evadir el costo político de la inseguridad. Como lo hicieron sus antecesores, tendrá que asumir que, si no hay mejoras visibles, esa será una mácula que marcará su administración. Un fracaso en este rubro no afectará del mismo modo a Riult Rivera o a Tey Gutiérrez: el mayor desgaste recae, inevitablemente, en ella y su partido.
En la medida en que Indira Vizcaíno entienda que culpar a los gobiernos municipales es una ruta infructuosa, podrá tomar decisiones más efectivas: aumentar el presupuesto en seguridad, fortalecer la capacitación policial, mejorar el equipamiento, modernizar el C5i, e impulsar una mejor coordinación con la Fiscalía para informar sobre detenciones y alertar sobre riesgos reales. Es, en términos llanos, asumir un liderazgo que no se le puede achacar a un alcalde.
Todo parte de la percepción ciudadana. Más cámaras, más patrullajes, más detenciones visibles y menos discursos de culpabilidad compartida. Si logra mejorar esa percepción, nadie podrá quitarle el mérito. Pero si insiste en culpar a otros, el reclamo no disminuirá; simplemente se percibirá como una evasión de responsabilidades.
Porque al final del día, para la gente, la inseguridad se le atribuye a quien tiene el poder para hacerle frente, y en Colima, ese poder lo tiene la gobernadora. O por lo menos de ella se espera cierto liderazgo, incluso hacia los alcaldes.
Dos puntos
La senadora Mely Romero Celis suscribió una iniciativa promovida por la legisladora de Morena, Josefina Chavira Barajas, para reformar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con el objetivo de crear el Premio Nacional a la Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, Indígenas y Afromexicanas. Un gesto que demuestra que hay causas que están por encima de los colores, y que las alianzas legislativas pueden construirse cuando lo que se busca es justicia social para los sectores más rezagados del país.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.