Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insiste en que la decisión del Servicio de Administración Tributaria de revocar la autorización a más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos es un asunto técnico, el impacto político es innegable. Y no por casualidad.
Varias de estas organizaciones han sido críticas del poder y, en distintos momentos, han documentado corrupción, violaciones a derechos humanos o fallas estructurales en políticas públicas. Han incomodado. Han contrastado la narrativa oficial de que “todo está bien”. Y eso, en un régimen autoritario, tiene consecuencias.
Si el criterio es técnico, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se aplicó antes? Ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto ni en el de Andrés Manuel López Obrador se utilizó este argumento para retirarles una autorización que es, en muchos casos, condición de supervivencia. Incluso cuando desde el propio poder, como en las mañaneras de AMLO, se cuestionaba el financiamiento de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, nunca se llegó a este punto.
Pensar que durante años estas organizaciones operaron en la irregularidad y que justo ahora, en este sexenio, se detectó una falla técnica generalizada resulta, cuando menos, inverosímil.
Por otro lado, lo que sí es verificable es el contexto. Como ha señalado Amnistía Internacional, este tipo de medidas suelen presentarse en entornos donde los gobiernos buscan debilitar a las organizaciones civiles que documentan abusos y contrapesan al poder. No es un fenómeno exclusivo de México; es una tendencia en regímenes con rasgos autoritarios.
Prueba de ello ha sido el trabajo de Mexicanos contra la corrupción que reveló el escándalo de la Estafa Maestra, durante el gobierno de Peña Nieto, y más recientemente los escándalos de corrupción del gobierno de AMLO, como el escándalo de Segalmex y las empresas fantasmas del gobierno.
Asimismo, organizaciones que apoyan a niñas y niños con cáncer, las cuales han sido enfáticas en el desabasto de medicamentos oncológicos y en la precarización de los tratamientos en el sistema de salud público. O también, ahora, Green Peace ha documentado el desastre ecológico en el Golfo de México, una afectación que el gobierno de la morenista Rocío Nahle y la presidenta Sheinbaum buscan minimizar, sin poder explicar –ahí sí—técnicamente por qué ocurrió y las dimensiones reales de la afectación. Sólo se sabe que ahí está Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos de AMLO, el cual, por cierto, recientemente tuvo un incendio “sospechoso”, donde murieron dos personas dentro de sus instalaciones.
Por eso, más que un ajuste técnico, la medida parece un rediseño político del espacio público. Limitar el financiamiento de estas organizaciones no sólo afecta su operación; reduce la capacidad de vigilancia ciudadana, afecta el derecho humano al acceso a la información y debilita uno de los pocos contrapesos no institucionales que quedan.
Dos puntos.
Mientras se restringe el financiamiento a organizaciones críticas, surgen otras con facilidades inusuales. El caso de Humanidad para América Latina —creada tras el llamado de Andrés Manuel López Obrador a donar recursos para la dictadura cubana— muestra el contraste. Para unas, obstáculos; para otras, puerta abierta. Ahí está la diferencia entre el argumento técnico y la decisión política.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.