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Ciudad de México.- Ana Patricia ‘Ana Paty’ Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La funcionaria es señalada por presunto desvío de recursos públicos; supuestas operaciones vinculadas con el contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal), y presuntos contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora no se han hecho públicas las razones específicas de las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses ni se ha establecido que el retiro de las visas esté directamente relacionado con las investigaciones que se desarrollan en México.
Recursos de Cancún, bajo investigación por presunto desvíos
Las indagatorias federales incluyen líneas relacionadas con el manejo de recursos y estructuras del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, uno de los municipios de mayor relevancia económica y turística del país.
Una de ellas busca determinar si recursos públicos, personal o estructuras municipales fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
La FGR busca establecer el origen y destino de los recursos bajo investigación; quién habría ordenado su utilización; la forma en que presuntamente fueron canalizados, y qué funcionarios pudieron haber participado en la operación.
¿Por qué investigan a Ana Patricia Peralta por huachicol fiscal?
Las autoridades federales buscan establecer la eventual participación de personas relacionadas con el entorno investigado, así como identificar posibles movimientos y destinos de recursos vinculados con esas operaciones.
Esta vertiente adquiere relevancia por la aparición de Rafael Marín Mollinedo, quien encabezó la Agencia Nacional de Aduanas, institución estratégica para la vigilancia de las operaciones de comercio exterior y el combate al ingreso irregular de combustibles.
Investigaciones basadas en expedientes han documentado que la FGR solicitó información a la Agencia Nacional de Aduanas sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles correspondientes a ese periodo.
Entre los asuntos judicializados por autoridades federales se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, relacionada con investigaciones sobre huachicol fiscal.
La existencia de dicha causa penal no significa por sí misma que Rafael Marín Mollinedo se encuentre imputado en ella.
Uno de los casos investigados por la FGR involucra operaciones atribuidas a Ingemar, S.A. de C.V., dentro de pesquisas sobre el ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques.
Información relacionada con esas investigaciones señala que la red habría logrado introducir 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectada.
Marín Mollinedo ha rechazado públicamente los señalamientos de corrupción y sostiene que durante su administración fue la propia ANAM la que detectó irregularidades y las denunció.
Será la FGR la encargada de determinar responsabilidades individuales y establecer si existen elementos para proceder contra funcionarios o exfuncionarios.
Indagan posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa
Información en poder de El Financiero señala que las pesquisas incluyen presuntos contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las autoridades buscan determinar la naturaleza y alcance de esas posibles relaciones; identificar a las personas involucradas; y establecer si existe alguna conexión entre esta línea de investigación, las presuntas operaciones de huachicol fiscal y el eventual desvío de recursos públicos.
La FGR deberá determinar si esos contactos tienen relevancia penal y si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual judicialización.
Se trata de líneas de investigación ministerial. Hasta el momento, estos señalamientos no constituyen hechos acreditados mediante sentencia ni implican por sí mismos responsabilidad penal de las personas mencionadas.
EU retira visas al entorno Peralta-Lastra
En paralelo a las investigaciones mexicanas, autoridades estadounidenses determinaron retirar las visas a Ana Paty Peralta; a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu; y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, de acuerdo con fuentes con conocimiento del caso.
La decisión de las autoridades estadounidenses alcanza así a tres integrantes del entorno familiar Peralta-Lastra.
Las razones específicas de las cancelaciones no han sido hechas públicas y hasta ahora no se ha establecido que las decisiones migratorias estadounidenses sean consecuencia directa de las investigaciones de la FGR.
El impacto político rumbo a 2027
El caso irrumpe en un momento especialmente sensible para Quintana Roo, donde comienza a intensificarse la disputa por la gubernatura que estará en juego en las elecciones intermedias de 2027. Ana Paty Peralta y Rafael Marín Mollinedo han tenido presencia en el escenario político relacionado con la sucesión estatal.
La investigación sobre el eventual uso de recursos municipales para favorecer un proyecto político introduce ahora un elemento de alto impacto en esa contienda.
Con información de El Financiero