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México.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen impulsado por el PAN para reformar la Constitución y establecer el derecho a la Movilidad Universal que busca garantizar este derecho a toda persona atendiéndolos principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Durante la discusión la diputada Amalia García, señaló que al PRD le preocupa que con ello se pretenda coartar y limitar derechos de manifestación de los ciudadanos.
Esta postura fue respaldad por legisladores del PT y Movimiento Ciudadano quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.
El dictamen aprobado reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución para establecer que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal y que el Congreso de la Unión expida la Ley General de Movilidad.
La movilidad universal se debe llevar a cabo atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
El artículo 11 constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.
Con la reforma se adiciona que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Precisa que el ejercicio de estos derechos estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general.
El artículo 73 indica que el Congreso tiene facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.
También en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, como ya estaba señalado.
En las consideraciones refiere que el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad permeará en la obligación para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país implementen acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad, cada una de las actividades que decidan realizar.
La legislación que fue enviada al Senado señala en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Movilidad en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Además, las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.
Fuente: MILENIO