Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La diputada federal del PRD, María Luis Beltrán Reyes, presentó un punto de acuerdo a favor de los derechos humanos de los migrantes después de que fue criticada en redes por no haber presentado ninguna iniciativa al cumplirse un año en su cargo.
La legisladora, quien tomó posesión en septiembre del año pasado, fustigó a sus antecesores por su nula productividad en el congreso de la Unión y aseguró que eran una “vergüenza(…) necesitamos ser una generación de nuevos políticos; la ciudadanía está desesperada y decepcionada. Debemos darle la certeza de que estamos trabajando para ellos, si no, no tienen caso nuestros puestos”.
Pero al cumplir su primer año en su encargo era la única diputada federal de Colima que no había presentado ninguna iniciativa.
Por tal motivo, la perredista pidió al pleno garantizar los derechos humanos de los migrantes que pasan por nuestro país, asesorarlos integralmente a través de las instituciones mexicanas, considerar la posibilidad otorgar a los migrantes un status de refugiados e investigar dos casos muy delicados de abuso contra refugiados centroamericanos en Amozoc, Puebla y en la autopista Orizaba-Puebla.
El punto de acuerdo fue signado por el Grupo Parlamentario del sol azteca, a solicitud del legislador Felipe Reyes Álvarez.
Por otra parte, en el Punto de Acuerdo se hace pública una denuncia sobre una casa de seguridad de Amozoc, Puebla, donde fueron localizados 90 migrantes; además, en la autopista Orizaba-Puebla, fueron rescatados 108 migrantes, debido al abuso sexual de que habían sido objeto 2 menores de edad, que escaparon y dieron aviso a la autoridad; en este sentido, el Programa Frontera Sur, implementado por la autoridad mexicana en el sur del país, viene propiciando que los migrantes sean todavía más vulnerables, porque este esquema los vuelve invisibles.
Por lo anterior, el Punto de Acuerdo de la Diputada Federal colimense, María Luisa Beltrán, con carácter urgente, demanda del Ejecutivo Federal cuatro líneas de trabajo: garantizar los derechos humanos de los migrantes; orientar y asesorarlos legalmente; darles status de refugiados a quienes no cuenten con garantías de seguridad en sus países de origen y, finalmente, investigar los casos de Amozoc y de la autopista Orizaba-Puebla, para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.