Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Abogados del litigio del rancho “Las ánimas” o “EL Coyote”, municipio de Tecomán, desmintieron al candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, en su acusación contra el secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.
En rueda de prensa, Gustavo González Chacón y Cuauhtémoc Gómez Cabezud, abogados de Ochoa González, dieron a conocer que el funcionario público tiene más de 30 años con la posesión del rancho “Las ánimas” o “El Coyote”.
Recordaron que ante la demora del vendedor para la escrituración del rancho, se procedió ante el Juzgado Mixto Civil y Mercantil, un procedimiento civil 603/02 en donde el señor Salvador Solís Orozco, supuesto propietario de las tierras, fue oído y vencido por lo que se le otorgó la escritura correspondiente debidamente registrada.
“Los señores Francisco Javier y Alejandro de apellidos Osorio Medina (los campesinos quienes acusan a Ochoa González) tramitaron un juicio de amparo, falseando la realidad de los hechos, pues ante dicha autoridad judicial federal, se ostentaron como propietarios y poseedores del inmueble anexando su demanda de amparo un documento falso en su contenido que resultó legalmente insuficiente por lo que el juez correspondiente no concedió el amparo solicitado”, dijo González Chacón.
En virtud del despojo que realizaron los hermanos Osorio Medina, continuó el abogado, se vio en la necesidad de ejercitar una nueva acción judicial denominada acción reivindicatoria “Los hermanos Osorio Medina contrademandaron mediante la acción de prescripción positiva argumentando que ellos eran los legítimos propietarios y poseedores pero Arnoldo Ochoa González demostró con documento público y debidamente registrado ante el Registro Público de la Propiedad la posesión legal del terreno”.
La sentencia final fue dictada el 26 de febrero del 2015, apuntó Gómez Cabezud, en la que condenó a los hermanos Osorio con sus frutos, accesorios, instalaciones, mejores y todo aquello que se haya mejorado en la propiedad, condenándolos además al pago de daños y perjuicios traducidos en renta por el tiempo que permanezcan en dicha posesión y hasta la entrega del mismo.
“Es indudable que nuestro representado acudió a los tribunales quienes le han dado la razón jurídica y han trascurrido 13 años por lo que se puede advertir que nuestro apoderado jamás ha hecho uso de influencias o aprovechado de sus funciones de servicio público para obtener ventajas en algún asunto en particular”, añadió.
Lamentó que el caso se use políticamente por el candidato del PAN en la contienda electoral pues “es exclusivamente un asunto entre particulares”.