Joao Paulo Soares y Thatyanna Mota*|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Aunque Minas Gerais, Brasil está a miles de kilómetros de El Paraíso, municipio de Armería en México comparten una tragedia en común: después de un desastre ecológico, sus gobiernos han sido incapaces de reconstruir el tejido social, su infraestructura y dar esperanza a sus poblaciones.
Dos años después de ambas catástrofes, los afectados continúan enfrentándose a diversos problemas económicos y sociales mientras que el gobierno sigue evadiendo responsabilidades.
El Paraíso sufrió diversos daños tras el paso del huracán Patricia en el año de 2015, el cual alcanzó la categoría 5 y se convirtió en el huracán más intenso registrado en el océano pacífico.
En ese mismo año, la playa recibió la visita del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ignacio Peralta que, en conjunto, prometieron construir una protección a la playa y las ramadas.
Actualmente, aún es posible encontrar los estragos causados por el ciclón tropical en El Paraíso. Además, la playa enfrenta su segunda temporada de huracanes post desastre sin que las obras para la protección hayan sido iniciadas.
El proyecto propuesto tenía el objetivo de construir un tablestacado, un rompeolas, apoyar en obras de infraestructura, servicios de drenaje y agua potable. La inversión del plan está estipulada en 250 millones de pesos.
Según Jesús Sánchez Romo, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur), el proyecto fue presentado y se está discutiendo los costos finales. El tema aún sigue siendo analizado para que se integre al presupuesto del 2018.
La calle principal y diversas construcciones se encuentran destruidas, los habitantes que viven del turismo local enfrentan dificultades económicas debido a la poca afluencia de visitantes.
Doña Mari, residente y comerciante local, afirma que hay por lo menos 40 comercios afectados. “No hay luz ni agua y todavía seguimos pagando impuesto predial y federal”, afirma.
En Mariana-MG
Ubicado en el estado de Minas Gerais, región sudeste de Brasil, el municipio de Mariana posee cerca de 57 mil habitantes y la economía local depende, básicamente, del turismo y extracción de minerales.
En noviembre de 2015, la represa de Fundão, de la minera Samarco, controlada por las dos más grandes empresas de minería de mundo, Vale y BHP Billiton, se rompe causando la destrucción de Bento Rodrigues, pueblo a 35km de Mariana. El lodo siguió el curso del río llegando al mar 16 días después de la ruptura.
La tragedia revela la fragilidad de la fiscalización y del poder público brasileño ante esta actividad.
Fueron 19 personas muertas y 1594 desamparadas. Además, mil 249 pescadores se quedaron sin trabajo dentro de las 39 ciudades afectadas.
El río contaminado recorrió 826 km de Minas Gerais hasta Espírito Santo, estado vecino, dejando un rastro de destrucción en 1.500 hectáreas de vegetación y matando a 11 toneladas de peces del Río Doce. Existen diversos informes de estudios e investigaciones sobre lo que sucedió y ninguna persona, hasta el momento, fue señalada como responsable.
El desempleo en Mariana alcanzó un número récord: más de 13 mil personas comenzaron el año 2017 sin trabajo, según cifras del Registro General de Empleados y Desempleados (Caged), que toma en consideración a la población económicamente activa.
Este número representa alrededor del 23% de la población.
En marzo de 2016, el Gobierno Federal y Estatal de Minas Gerais y Espírito Santo, la empresa Samarco y otras organizaciones crearon una fundación privada, sin fines de lucro, buscando reparar los daños causados por la rotura del muro de contención.
El Tribunal Superior de Justicia (TSE) de Brasil anuló la homologación que preveía la creación de la fundación por considerar que los gobiernos y empresas involucrados no representan y, por lo tanto, no pueden actuar en nombre de la población afectada.
“Los afectados que acompañan la reformulación del registro y la adquisición de los terrenos de reasentamientos, por ejemplo, percibieron que muchas informaciones prestadas por la fundación eran equivocadas, provocaban retrasos en los procesos e incluso errores. Por otra parte, la publicidad de la fundación busca transmitir una sensación de que todo se encuentra bien. Eso definitivamente no es transparencia”, afirma Guilherme de Sá Meneghin, promotor de justicia de Mariana en editorial para el periódico A Sirene.
Lucimar Muniz, restauradora y museóloga cuya familia fue afectada por el rompimiento afirma que, todas las acciones de la empresa y de la Renova se hicieron porque siempre hubo intervenciones.
“Toda esa publicidad que la empresa Samarco y la fundación dicen que están haciendo, en realidad no dice lo que hay detrás. Hay gente va a las calles porque las cuentas están atrasadas, porque no reciben el dinero para mantenerse en la ciudad ya que sus condiciones de trabajo fueron destruidas en la tragedia “, concluye.
Andréa Guimarães, asesora de prensa de la fundación, afirma que hay diálogo entre todos los actores involucrados en la tragedia, sean ellos la empresa Samarco, la comunidad y / o órganos públicos. Según ella, “todas las acciones realizadas por la Fundação Renova sólo pueden ser ejecutadas si existe la aprobación no sólo de la comunidad, sino también del Ministerio Público, órganos ambientales y asesoría técnica Cáritas”, añade. Todavía Lucimar, afirma que el único órgano que trabaja en conjunto con los afectados es “El Ministerio Público que actúa no sólo conversando con Samarco, sino con la fundación y los gobiernos. El ayuntamiento no hace nada”.
Se intentó contactar con el asesoramiento de prensa de Mariana, pero no contestó.
*Estudiantes de intercambio de Brasil en la Universidad de Colima.