Al respecto, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael García Rincón, dio a conocer que hay tres jueces suspendidos y aunque no dio nombres, se aprobó una prórroga de suspensión de sus labores y por otro lado, otro juez obtuvo un amparo ante un juzgado de distrito.
“Hay una suspensión de un juez de distrito, para no emitir resolución en tanto no se resuelva el juicio de amparo, hay una suspensión definitiva para que el pleno no resuelva, eso no implica que no prejuzgamos la responsabilidad administrativa, sino que el pleno con base en las pruebas va a determinar”, dijo el magistrado presidente.
Consideró que en este mes de febrero, los casos de los jueces suspendidos se resolverá “Yo espero que podamos resolver en este mes su situación, pero esas son las incidencias que tenemos, vamos a hacer un análisis cuidadoso en el juicio de amparo, (porque) siguen separados (de sus funciones)”, puntualizó.
Sin embargo, a raíz de lo anterior, el STJE formó comisiones de magistrados para investigar las irregularidades que presuntamente cometieron y que, resultado de esta labor, han iniciado procedimientos administradores contra más servidores públicos aunque se negó a dar una cantidad.
“Se hicieron esas comisiones de magistrados, hay presunción de algunos actos irregularidades, se han instalado procedimientos administradores en más servidores. Hay una integridad, porque es un juzgado, y los funcionarios se integran por las directrices del titular”.
A la pregunta sobre qué tipo de irregularidades se cometieron, aclaró que no se respetaron las formas en el depósito de fianza, “fue lo que originó la primera ocasión y es lo que ahorita surge, pero no podemos decir cuestión cierta, porque no estamos facultados para dar información incluso cuando hay procedimiento”, dijo.
Por reportes periodísticos, se dieron a conocer desde agosto del año pasado, que los jueces suspendidos son Ramón Cervantes Amezcua, titular del juzgado Segundo Penal de Tecomán y Virginia Salas Rebolledo, así como José Villalvazo Martínez del Juzgado Penal de Manzanillo.
Se denunció el apoderamiento de fianzas por una cantidad millonaria que se había realizado durante más de 5 años y en el que diversos funcionarios, entre ellos jueces y secretarios, perjudicaron económicamente a víctimas, imputados y terceros.