Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso varias denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 8 gobiernos estatales, entre ellos Colima, por desvío de fondos federales.
De acuerdo a información publicada por el diario nacional Reforma, el monto global de los recursos desviados suma 8 mil millones de pesos y son los involucrados son los gobiernos de Veracruz que suma 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3, y Tlaxcala, 2.
La ASF encontró que los gobiernos simularon reintegrar fondos de las Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.
El mecanismo de simulación utilizado, explicaron fuentes de la ASF, consistió en que, una vez que la Auditoría había realizado observaciones sobre recursos utilizados sin la justificación correspondiente, los estados reintegraban a una cuenta la cantidad señalada por el órgano fiscalizador; después, le mostraban a éste un comprobante de dicho reintegro.
Una vez que la ASF daba por solventada la observación, los gobiernos estatales sacaban los recursos de esa cuenta para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados sin que aun hoy se tenga conocimiento preciso sobre su destino final.
La Auditoría se dio cuenta de esta práctica al realizar un seguimiento de observaciones hechas en las revisiones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011 y requerir a los estados para que informaran sobre la utilización de los recursos que habían reintegrado.
En el caso de las entidades denunciadas, no pudieron comprobar que efectivamente usaron los recursos –que ya no estaban en sus arcas– en los programas para los que estaban destinados.
Las fuentes indicaron que se trata de denuncias de hechos, las cuales están acompañadas por un dictamen técnico en el que se expone la irregularidad detectada.
Todas ellas, informaron, ya han sido ratificadas y corresponde ahora a la PGR, con base en su propia investigación, determinar qué tipo de delito es el que se configura y quiénes son los responsables de haberlo cometido.