Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS
Tecomán, Col.- Grave fue la acusación que hizo en contra de funcionarios municipales Cecilia Fabiola Magaña López, una habitante de la comunidad La Salada, ya que tras ser beneficiaría para un proyecto de gallinas ponedoras denunció que algunos funcionarios del ayuntamiento tecomense quieren extorsionarla al exigirle el 10 por ciento de los 250 mil pesos que ella como otras cinco compañeras recibieron, denuncia que de inmediato se desmarcó el director de fomento económico, Carlos Abel Vargas Bracamontes.
La quejosa señaló que luego de haberles autorizado el recurso para su proyecto se presentó una persona en el lugar para pedirles el diez por ciento del dinero recibido sin que ellos hayan tenido algún contacto con ella “ella dice que tenemos que pagarle el diez por ciento, antes era el cinco, ahora es el diez; nos quiere cobrar por haber metido el papeleo bajando cotizaciones, todo lo que implica pedir un apoyo; ella dice que sí pero nosotros nunca estuvimos conscientes de que esa señora, nunca la habíamos visto”.
Debido a que se negaron a darle la cantidad que la persona pedía, expresa que la citaron a una reunión en las instalaciones municipales del SARE, donde estuvieron presentes el director de Fomento Económico, Abel Vargas Bracamontes; el director de Desarrollo Rural, Joel Morfin; la comisaria de La Salada, Elizabeth Pérez Solís y la supuesta asesora del proyecto, donde le solicitaron el pago de la cantidad que se le pedía.
Asimismo asegura que le dieron un plazo de una semana para pagar, solicitándole que no divulgara nada y que le convenía convencer a sus compañeras para que entregaran la cantidad que se le pedía, lo que la llevó a realizar varias llamadas a Colima.
“Preguntamos en Colima, en gobierno del estado y nos dijeron que no, que no tenemos que dar ni un peso, aparte cuando nosotros recibimos el dinero nos dijeron ‘a ninguna persona se le puede dar ningún peso porque el recurso es para que ustedes trabajen y saquen a sus familias adelante’”.
Posteriormente, cuestionando al director de Fomento Económico sobre el caso, aseguró que el ayuntamiento nada tiene que ver con el cobro que se les está pidiendo, puesto que el papel de los funcionarios solamente ha sido de intermediarios para que ambas partes lleguen a un acuerdo.
“Quien les está cobrando es un asesor externo que fue quien les elaboró el proyecto, que si bien los programas son sin costo, el proceso de elaborarle el proyecto fue por parte de una persona externa”.
Justificó el hecho de que los beneficiarios del proyecto hayan desconocido al asesor del proyecto debido a que dicha persona no tuvo una constante comunicación con ellos “creo que hubo un error desde el principio porque la persona que les hizo el proyecto no amarró su contrato, los términos en los que se elaboraba”.
Finalmente, Vargas Bracamontes dijo que quizá el problema se deba a que muchas personas desconocen que al participar en un programa deben de contratar a un intermediario o extensionista y entre ellos concertar un acuerdo sobre lo que se llegue a obtener.