*Exhortan diputados de Movimiento Ciudadano a la Gobernadora y SE se evite el cobro de cuotas escolares. *Demandan que las autoridades educativas estatales y municipales garanticen sin dilaciones, que los planteles educativos se encuentren en óptimas condiciones y cuente con los artículos necesarios para la impartición de clases y actividades dentro del plantel.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Los diputados del Partido Movimiento Ciudadano en la Sexagésima Legislatura Local, Glenda Yazmín Ochoa e Ignacio Vizcaíno Ramírez, presentaron este día “un exhorto” dirigido a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, al Secretario de Educación y a los 10 alcaldes del Estado “para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, vigilen y eviten que se cobren cuotas escolares de ingreso en los planteles educativos en el Estado, ante el regreso a clases”.
Además, exigieron que dichas autoridades “garanticen a todos los planteles de educación inicial, básica y media superior de su competencia, el suministro de los servicios indispensables para su operación como agua potable, luminarias, seguridad, así como enseres para la limpieza de las instalaciones, papel higiénico, artículos de higiene para estudiantes menstruantes, y todo lo necesario para el regreso de éstos a las aulas”.
Dicho punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad de los legisladores.
El diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez dio lectura al exhorto y argumentó que “una de las preocupaciones apremiantes de las madres y padres de familia, son los gastos que les implicará el regreso a clases, este próximo 29 de agosto, en los niveles inicial, básico y medio superior, ya que su economía se ve mermada por el alza de precios de la canasta básica, insostenible para muchas familias, quienes antes, con muchos esfuerzos mandaban a sus hijas e hijos a estudiar”.
Afirmaron en el documento que “la gratuidad de la educación pública se ve trastocada, desde hace ya varios años, con el cobro de la mal llamada cuota escolar, las cuales han sido negadas por autoridades educativas, y configuradas en la ley de educación, como donaciones o aportaciones voluntarias que, a la luz de la población, estas “cuotas” no eran tan gravosas y se podían cubrir con varios esfuerzos”.
Afirmó en su exposición que “en la actualidad, los ingresos familiares no están siendo suficientes para subsistir; el alza de los precios en productos clave de la canasta básica, como la tortilla, el huevo, el pan de caja, el pollo, la carne, y qué decir de los combustibles como la gasolina y el gas LP, que complica aún más la afronta al gasto del regreso a clases”.
Los legisladores de MC afirmaron que los planteles escolares “no se encuentran en las mejores condiciones después del abandono que sufrieron con la pandemia ocasionada por el COVID-19”, reconociendo además que los directores tratan de mantener los planteles en condiciones que garanticen a los estudiantes una educación digna y decorosa”.
Vizcaíno Ramírez reconoció que este ingreso directo a los planteles (cuotas) representa oxígeno puro para la adquisición de artículos y contratación de servicios como papel higiénico, productos y enseres de limpieza, pintura, impermeabilizante, tuberías, ventiladores, material eléctrico, bancas y mesabancos, pintarrones, material de laboratorio, material deportivo, material de enfermería y el pago de servicios como veladores, reparación de tuberías de agua y eléctricas, reparación de mallas ciclónicas y la celebración de festivales, eventos cívicos y culturales.
“Sin embargo, no perdamos de vista la obligación Constitucional que tiene el Estado en otorgar una educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y el derecho de los educandos a recibir una educación gratuita en condiciones óptimas que garanticen su desempeño y continuidad.
“Por lo que es necesario y apremiante que para poder reducir las donaciones y/o aportaciones voluntarias conocidas como cuotas escolares, “las autoridades educativas estatales y municipales deberán de garantizar sin dilaciones, que los planteles educativos se encuentren en óptimas condiciones y el personal directivo y docente, cuente con los artículos necesarios para la impartición de clases y actividades dentro del plantel”.