COPIP pide que se emitan medidas cautelares por agresión a periodista

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Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del estado de Colima (COPIP) aprobó por unanimidad solicitar al Estado que se emitan medidas cautelares para la protección del periodista Sergio Uribe Alvarado, así como dar vista a la autoridad local por todo cuanto procede en el concepto de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos.

En sesión ordinaria, realizada la noche de ayer lunes 10 de septiembre, resolvieron la queja 2018-06 presentada por Sergio Uribe, derivado de la agresión que sufrió por parte de un agente de la Policía Estatal y uno ministerial, el pasado 9 de septiembre, durante la cobertura de un hecho noticioso.

El presidente de la COPIP, Juan Carlos Flores Carrillo, recordó que el Artículo 23 de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico establece que en caso de presunto riesgo para un periodista, este órgano colegiado podrá solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona y el Estado tendrá la obligación de implementar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del denunciante.

En la misma sesión, también se resolvió la queja 2018-08, presentada por un grupo de periodistas de Manzanillo, a quienes se les impidió el acceso a la Escuela Primaria “Marcelino Rentería”, aunque habían sido convocados a un evento público que no se llevó a cabo, el pasado 6 de septiembre.

En este caso, la Comisión determinó recomendar que las instituciones que convoquen a la prensa a eventos garanticen la acreditación y acceso de los representantes de los medios de comunicación, respetando la normatividad de los espacios físicos y la identidad de los menores de edad.

Sobre la queja 2018-07, correspondiente al presunto desalojo de periodistas de la Sala de Juntas del Congreso del Estado de Colima, durante la comparecencia de la contralora general del gobierno del estado, Águeda Catalina Solano Pérez, el pasado 4 de septiembre, la COPIP determinó solicitar información jurídica a los denunciantes y al Legislativo local para poder emitir un dictamen.