Colima será ejemplo nacional de un servicio público íntegro y ético

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Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Contralora General del Estado, Agueda Catalina Solano Pérez, aseguró que con el esfuerzo y participación de todos los poderes, órdenes y niveles de Gobierno, Colima será ejemplo nacional de un servicio público íntegro y ético.

Tras comparecer ante los y las diputadas integrantes del Congreso del Estado, Solano Pérez destacó que la ciudadanía demanda una administración con credibilidad y confianza, que no se genera a través de la retórica o de acciones espectaculares, pues esta es, dijo, consecuencia de un trabajo ordenado y apegado a la normatividad, en el que la gestión pública debe contribuir al fortalecimiento de una cultura de la legalidad, orden, control, transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que el trabajo que realiza la Contraloría General tiene una alta incidencia en la vida institucional y en la de todos los beneficiarios de sus acciones, por lo que reiteró que seguirán trabajando así, bajo la referencia de buenas prácticas que les permitan consolidar altos estándares en el buen uso de los recursos públicos y los procesos presupuestarios.

En el marco de la glosa del Tercer Informe del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, la contralora general informó que la Contraloría General del Estado, continúa realizando acciones coordinadas con la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación, con la Secretaría de la Función Pública y   la Auditoría Superior de la Federación con la finalidad de sumar esfuerzos y de generar nuevas formas y herramientas para eficientar y transparentar el quehacer gubernamental.

Dio a conocer que a partir de 2017,  la Contraloría General ha venido trabajando en diversas acciones de prevención en materia de Control Interno y Ética Pública,  promoviendo la implementación de herramientas de control para que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública cumplan con  los objetivos y metas que tienen encomendadas, capacitando a las y los servidores públicos  respecto a la normatividad vigente de control interno, responsabilidades, cultura de legalidad, ética pública, conflicto de interés y combate a la corrupción.

Indicó que se radicaron 161 procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), de los cuales 84 tienen su origen en presuntas irregularidades que se derivan de auditorías que conjuntamente realizó la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del estado.

Asimismo, dijo que 69 procedimientos se radicaron por presuntas irregularidades derivadas de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado, 5 procedimientos por presuntas irregularidades de auditorías realizadas por la Contraloría y 3 derivadas de investigaciones por denuncias de las cuales se determinó la presunta existencia de elementos de responsabilidad de los servidores públicos implicados.

Se recibieron 29 denuncias de las cuales 6 resultaron improcedentes por incompetencias, ya que se planteaban en contra de servidores públicos de otros entes públicos diversos al Gobierno del Estado; agregó que se han resuelto 6 denuncias y 23 se encuentran en investigación en curso.

Mencionó que la Contraloría General del estado participó como enlace del Gobierno del Estado en 23 auditorías que le realizó la Auditoría Superior de la Federación relativas a la Cuenta Pública 2016, de las cuales se determinaron 41 claves de acción y 24 fueron pliegos de observaciones; 11 Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 6 recomendaciones, resaltando que todas las claves de acción fueron atendidas en tiempo y forma.

Por otro lado, dio a conocer que está a disposición del público en el Portal de Transparencia estatal y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información pública de oficio que le corresponde generar a la Administración Pública Centralizada, asimismo, el índice de documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Transparencia Estatal.

En este contexto, señaló que la contraloría realizó 4 evaluaciones trimestrales a estos dos portales, con el objeto de mantener la información actualizada. De igual forma, se capacitó y sensibilizó a 154 servidores públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, a fin de disminuir la brecha de la opacidad en el servicio público.

Añadió que se brindó atención a 604 solicitudes de información presentadas por particulares, y se atendió una solicitud de derecho de cancelación de datos personales.

Con el programa de Contraloría Social, dijo que se capacitó a 334 integrantes de 97 comités de contraloría social, los cuales participaron en la vigilancia, evaluación y seguimiento de los diferentes apoyos, acciones y obras públicas realizadas en el estado de Colima.

En coordinación con 16 dependencias y entidades federales, estatales y municipales se promovió la participación de 3 mil 24 beneficiarios para que realicen adecuadamente actividades de Contraloría Social en los programas de desarrollo social ejecutados en Colima. Para lo anterior, mencionó, se distribuyeron 6 mil materiales de difusión como apoyo a la promoción de la Contraloría Social.

Indicó que en cumplimiento con la Ley General de Responsabilidades Administrativas se incluyó en el formato de declaración patrimonial el apartado de Declaración de Intereses, homologando con esto al formato que es utilizado en la federación, por lo que el 100% de los servidores públicos obligados del Poder Ejecutivo presentó su Declaración Patrimonial y de Intereses.

Por otra parte, externó que la contraloría tiene presencia en 11 Comités de Compras, en los cuales   se ha participado como asesores con voz en 215 reuniones de comités y subcomités de compras y de igual forma se participó en 157 Licitaciones públicas en sus diferentes etapas como son la Junta de Aclaraciones, Apertura técnica y Económica y Fallo, convocadas por las dichas dependencias

Antes de concluir, recalcó que el compromiso y esfuerzo de toda la Contraloría será permanente para estar a la altura de la exigencia ciudadana contra la corrupción y la impunidad.