Porque abundan los indicios de que detrás del crimen de Cavazos existe una venganza, un ajuste de cuentas, un cobro de facturas o, en el extremo, una “ejecución ejemplar” —advertencia de que eso les puede pasar antes, durante o después de ocupar los cargos públicos— por parte del crimen organizado y el narcotráfico.
Es decir, estaríamos ante el mensaje de que ningún gobernante en retiro —o todo aquel que haya ejercido un cargo de elección popular—, estaría a salvo de las balas del crimen, si a juicio de las propias bandas criminales tiene facturas pendientes con los barones de las mafias.
Hoy nadie conoce la razón por la que un grupo de sicarios acribilló al ex gobernador Silverio Cavazos fuera de su casa. Sin embargo, las primeras indagatorias apuntan precisamente en esa dirección. A la hipótesis de la venganza, el cobro de facturas o una advertencia para la clase política local —y por el tamaño del crimen una amenaza para la clase política nacional— de que el brazo del crimen puede tardar en llegar, pero siempre llega, aun luego de que sus destinatarios ocupen sus respectivos cargos públicos.
Pero el mensaje adquiere niveles de mayor preocupación —en realidad alcanza los niveles de la seguridad nacional—, si hacemos memoria del real o supuesto accidente aéreo en el que perdió la vida el gobernador Gustavo Vázquez —tragedia ocurrida el 24 de febrero de 2005, y que ya en aquella fecha despertó sospechas de que se trató de algo más que un accidente, debido a las condiciones en que se precipitó a tierra el avión—, ya que se podría hablar de una cadena de exterminio contra los gobernantes estatales. En este caso contra los de Colima.
Por lo pronto, de confirmarse —como todo lo indica— que el asesinato fue ordenado y ejecutado por las bandas del crimen organizado y sus brazos armados del narcotráfico, se habría cerrado un ciclo criminal que lo mismo mata a candidatos a gobernadores, o virtuales mandatarios estatales —como el caso de Rodolfo Torre Cantú, virtual gobernador de Tamaulipas—, que a ex gobernadores, como Silverio Cavazos. Por eso las preguntas obligadas: ¿Quién sigue en Colima? ¿Quién manda en Colima? ¿Por qué Colima? Y la pregunta que preocupa a todos en la clase política mexicana: ¿quién está a salvo? Es momento de que todos pongan las barbas a remojar.
Roberto Rock L.
Colima: Mezcla tóxica
A la memoria de Daniel Lund, hombre de bien
Como ocurre con Tamaulipas, donde un inminente ganador, candidato a gobernador priísta, fue asesinado sin que hasta la fecha se sepa de una indagación seria sobre quiénes o por qué lo mataron. Como sucede en Michoacán, donde una veintena de funcionarios municipales de los principales partidos fueron encarcelados por sus nexos con el narcotráfico y luego liberados por una torpeza de la PGR, y un integrante de esa mafia, sirviente del capo La Tuta, despacha hoy como diputado federal.
Igual, casi en papel calca, ayer, en Colima, un ex gobernador fue ejecutado frente a su esposa. El orden de las cosas establecido por los cárteles resultó roto, bajo una lógica que sólo ellos comprenden.
Lo que viene es predecible: la autoridad federal mirará hacia otro lado, mientras la correlación de fuerzas locales pacta un nuevo statu quo. El tiempo demostrará que esto no resuelve ningún problema, que es una abdicación, una cobardía del Estado. Que ello solamente aplaza el momento en que los políticos de todas las siglas acuerden una depuración de sus cuadros, como ocurrió en Colombia, donde, en el término de una década, la tercera parte de su clase política —gobernadores, alcaldes, legisladores— se fue a la calle, a la cárcel o a la tumba.
Como todo en la trama del narcotráfico, las cosas se complicaron en Colima hace tres lustros, cuando se agudizó la llegada por Manzanillo de drogas y compuestos químicos para crear una nueva generación de estupefacientes, basados en las metanfetaminas. El auge que ello trajo se expresó en ranchos, en casas, en dinero fluyendo y en personajes extraños que eran adoptados con efusividad por los políticos e incluso por las buenas familias de la entidad.
El gobierno de Fernando Moreno Peña (1997-2003) administró la putrefacción, ya con la lógica de una mafia: Recurrió al fraude para burlar a las urnas, se abrió en 2004 a la llegada de Gustavo Vázquez Montes, gobernador por un año antes de morir en un misterioso avionazo.
Tras otras elecciones, llegó Silverio Cavazos, cuya familia acumulaba imputaciones de ligas con el narco, y quien pavimentó el camino para el actual mandatario, Mario Anguiano Moreno, con parientes procesados por delitos contra la salud, como su hermano Humberto, o su primo Rafael.
Este último cayó en Los Ángeles durante una redada contra traficantes de cocaína y metanfetaminas. Cuando los líderes nacionales del PRI expresaron eventualmente a Cavazos que su candidato Anguiano poseía tales antecedentes, Cavazos dijo que sólo con él ganarían los comicios. Eso bastó para acallar la conciencia de los dirigentes, que regresaron tranquilos a la Ciudad de México.
En sólo 13 años, Colima ha tenido seis gobernadores, entre electos e interinos. De ese tamaño es la descomposición.
La mañana de ayer, cuando fue ejecutado, Cavazos Ceballos daba por el estado pláticas sobre valores familiares y tradiciones. Pero se tomaba el tiempo necesario para protagonizar una pugna del brazo de Anguiano Moreno para desplazar del poder real al grupo de Moreno Peña y un grupo de personajes afines, entre ellos algunos empresarios de medios.
Sería perfectamente viable que la administración Calderón emprendiera una investigación que desnudara el orden de cosas entre el poder político y el crimen organizado en Colima. Pero quizá no deba. O no quiera. O no pueda.