Por: Mario Acevedo Manzano
El Estado Mexicano está en deuda con el Pueblo de México en el tema de Procuración e impartición de Justicia, los mexicanos jamás hemos contado con una justicia pronta y expedita como lo señala nuestra máxima Ley, en la actualidad, iniciar un Juicio buscando la Justicia imparcial en lo Penal, Administrativo, Laboral o Familiar es entrar a un comino tortuoso y desesperante para logar las sentencias y en ocasiones, son años de litigio para lograr resultados que dejen insatisfechas a las partes.
Con motivo de la austeridad republicana, impuesta en la Ley de Remuneraciones para los Trabajadores del Estado, incluidos los tres Poderes de la Unión, tomando como referencia el tope máximo de todos los salarios el pagado al Presidente de la República, de acuerdo al texto del artículo 127 constitucional, el Poder judicial puso el grito en el cielo alegando intromisiones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial, nada más falso, es por todos conocido, la independencia de Poderes en la competencia de cada uno, ni los diputados, ni el Presidente de la República influyen en sentencias judiciales, ni lo Jueces interviene en hacer Leyes o en la Administración Pública Federal, como quien dice: cada mayate por su hebra y los tres a cumplir las Leyes para mantener la vigencia del Estado de Derecho.
La historia de los Gobiernos de la República, desde la independencia hasta la actualidad, jamás se ha tenido una confrontación de esta naturaleza, por lo general, el Poder Ejecutivo fue el Poder de los Poderes como es conocido el Presidencialismo mexicano de los siglo XIX, XX y lo que va del XXI, desde a finales del siglo pasado en el Gobierno de Ernesto Zedillo se le dio autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial aprovecha esta autonomía para aumentar los Salarios de los Ministros, Magistrados y Jueces a cantidades muy superiores al resto de los Trabajadores del Gobierno federal, lo privilegios, regalías y prestaciones aparte del sueldo nominal, hacen a la SCJN como una de las más caras del mundo, y junto a las más caras, también la menos eficiente cuando la corrupción, burocratismo y falta de sensibilidad social de Ministros, jueces y Magistrados al impartir Justicia, y cuando lo hacen, favorecen a los Ricos y resuelven los Juicios, en muchas ocasiones, por consigna del Presidente de la República y gobernadores.
Jueces, Magistrados y Ministros bien pueden ganar más de los que perciben, siempre y cuando, cumplan bien su responsabilidad de impartir Justicia de acuerdos a las necesidades de los mexicanos, pero cuando cobran mucho y son ineficientes, aumenta más la indignación social. Es ilustrativo el ejemplo del Magistrado de Veracruz cuando se retrata en un vehículo de los más caros del mundo de la misma marca a los usados por la familia real británica, ¿cómo la ve estimado lector? Los impartidores de justicia son una casta dorada en donde abundan los privilegios ofendiendo a los más de 50 millones de Pobres y al 90% de trabajadores que reciben hasta dos salarios mínimos y, dicho sea de paso, los salarios pagados a la planta laboral mexicana son de los más bajos del mundo.
Lo que duele y lastima a los mexicanos es el abuso y prepotencia de los funcionarios públicos del poder Judicial Federal que ven como un coto exclusivo el ámbito de su competencia y exigen a los demás Poderes mantenerse alejados de sus dominios aparecen como intocables es su privilegios por el favor que le hacen al Pueblo de impartir mala Justicia.
El Estado mexicano es uno solo dividido en tres Poderes, cada uno forma parte del conjunto y sus interrelaciones deben procurar la unidad para servir mejor a los mexicanos, sí bien cada uno es importante, ninguno de los Poderes puede existir sin el complemento de los otros dos, por ello, la legitimidad de las acciones de la Corte, no nada más son hacer cumplir la Ley, sino mantener la armonía con los Poderes Ejecutivo y legislativo.
Notas cortas
El INAI, Infocol y Gobierno del Estado firmaron un convenio para lograr el Gobierno abierto en el ejercicio de la función pública, por lo visto el Gobierno de Nacho Peralta no le teme a trasparentar todas las acciones de gobierno para asegurar el ejercicio eficiente y honesto de los recursos públicos.