Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Durante los Diálogos por la Transformación de este jueves, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio la nota, aunque —como ella misma reconoció— no formaba parte del plan de comunicación de ese día: anunció que presentará una reforma para limitar el acceso del Poder Ejecutivo a la contratación de créditos de largo plazo, siguiendo un modelo similar al de Tlaxcala, donde este tipo de financiamiento se encuentra prácticamente restringido.
Actualmente, el mayor componente de la deuda pública del estado —superior a los 3 mil millones de pesos— corresponde precisamente a créditos de largo plazo. La Ley de Disciplina Financiera permite su contratación únicamente para financiar inversión pública productiva, a diferencia de los créditos de corto plazo, destinados a cubrir necesidades temporales de liquidez y gasto corriente.
Existe otra diferencia importante. Mientras los créditos de corto plazo tienen un límite equivalente al 15 por ciento de los ingresos de libre disposición, los financiamientos de largo plazo pueden alcanzar montos mucho mayores, siempre sujetos a los mecanismos de autorización y sostenibilidad financiera previstos en la ley.
Por sí mismos, estos instrumentos no son buenos ni malos. Todo depende de la responsabilidad con que se utilicen y del destino de los recursos. Ahí está el ejemplo del último crédito aprobado en Colima, destinado a la adquisición de la ex zona militar y a la construcción del C5i, proyectos de infraestructura pública cuya viabilidad fue precisamente el argumento para autorizar el financiamiento.
En ese sentido, los créditos de largo plazo constituyen un mecanismo de apalancamiento financiero que, bien administrado, permite acelerar inversiones que difícilmente podrían realizarse únicamente con recursos presupuestales.
La gobernadora dejó entrever que su iniciativa buscaría restringir o incluso eliminar esta posibilidad. Y ahí es donde surgen las dudas.
Debe reconocerse que durante su administración el estado ha mejorado su calificación crediticia, al pasar de BBB+ a A-, lo que refleja un manejo más ordenado de las finanzas públicas y mejores condiciones para acceder a financiamiento en caso de requerirse. También es cierto que su gobierno no ha incrementado irresponsablemente el endeudamiento y ha cumplido con el servicio de la deuda. Eso hay que reconocerlo.
Sin embargo, las finanzas públicas no pueden diseñarse pensando únicamente en la coyuntura actual. Una pandemia, un desastre natural, una recesión económica o cualquier contingencia extraordinaria pueden modificar por completo las necesidades financieras de un gobierno.
Por eso cerrar una herramienta que ya se encuentra regulada por la Ley de Disciplina Financiera podría resultar contraproducente. Los créditos de largo plazo no obligan a endeudarse; simplemente constituyen una posibilidad legal cuando las circunstancias lo justifican.
Consecuentemente, más vale contar con esa herramienta y no utilizarla, que necesitarla en un momento crítico y descubrir que la ley ya no lo permite.
Dos puntos
La figura moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, repetía constantemente que el pueblo de México era sabio. Sin embargo, pareciera que el gobierno de Claudia Sheinbaum no comparte del todo esa convicción. Su propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias parte de la idea de que las y los ciudadanos requieren que el Estado les diga qué contenidos son aceptables y cuáles no, como si carecieran del criterio suficiente para distinguir entre hechos, opiniones o propaganda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El pueblo es sabio o necesita que el gobierno piense por él?.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.