TAREA PUBLICA
Por CARLOS OROZCO GALEANA
Este primer trimestre del año nos ha pillado con una inflación superior al 6 por ciento y una alza desmesurada en los precios de la canasta básica. El poder adquisitivo del dinero es notorio y las amas de casa se preguntan cuándo llegará el tope a los incrementos. La escalada de precios es brutal ante la inoperatividad de las instituciones encargadas de controlarlos.
El líder nacional de la Alianza de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, dijo a El Noticiero que el 65 por ciento de la población no cubre la canasta básica con sus ingresos, no tiene acceso a una alimentación balanceada, genuina, que le permita hacerse con nutrientes fundamentales para el crecimiento de niños y jóvenes y la ingesta adecuada de los adultos que les aporte una dieta apropiada para tener fortaleza ante las enfermedades propias de su edad. CR auguró que el alza de precios seguirá al menos hasta el segundo semestre del año debido a factores múltiples que de momento no son factibles de corregir, tales como la sequía en diversas regiones del país (en Colima, también), falta de apoyos oficiales y por incrementos de los energéticos ( gas y gasolina).
Hay pues un problema económico de suma gravedad que afecta a las familias de menores ingresos que pocos en el mundo oficial están reconociendo. Hasta hoy, ningún candidato se apiada de los consumidores. Pareciera que la atención mayor está hoy en los pormenores de la campaña electoral y acaso en la pandemia. Hay infinidad de funcionarios apartados de sus deberes porque tienen puesta su atención en otros ambientes y descuidan sus responsabilidades esenciales. Los consumidores están abandonados a su suerte.
El incremento inflacionario casi del 6 por ciento no puede ocultarse porque está a la vista, así como el deterioro del poder adquisitivo. No hay intervención oficial para frenar la escalada de precios, reitero; los negocios imponen su ley a falta de vigilancia de las autoridades que no cuentan con supervisores suficientes en las oficinas encargadas de esa labor. Mientras no hay presencia
de ellas, los consumidores están siendo sometidos a pagar altos precios por alimentos básicos como arroz, frijol, aceite, tortilla, huevos, etc. Esto es de locura, reitero, para familias con presupuestos mínimos.
Las familias están viendo mermados sus ingresos en nuestra América y México no es la excepción, pero siempre nos dicen que hay otros datos diferentes. Nueve de cada diez hogares reportan deterioro en sus recursos disponibles. Millones de personas han perdido sus trabajos y dejado de pagar hipotecas, renta de casas, cuotas escolares, son menos los que viajan por la carestía de gasolina y casetas de peaje, la canasta básica está menguada y las enfermedades aparecen por falta de una dieta adecuada. Vamos de bajada.
Los datos que analicé son de la OCDE, que también especifica que 27 por ciento de mexicanos consultados han fallado en cumplir con sus obligaciones como jefes de familia, un 40 por ciento tomó dinero de sus ahorros o vendió parte de sus bienes, otro 27 por ciento pidió prestado a amigos y familiares y un 18 por ciento pidió prestado ¡ para pagar prestamos!
La carestía provoca, desde luego, conductas sociales reprochables. Hay personas que se atreven a cualquier cosa para llevar el pan a casa; hay también las que, ante problemas que consideran irresolubles, se atreven a quitarse hasta la vida; muchas familias se disgregan por las dificultades económicas y su destino pasa a ser caótico por carecer de lo indispensable y no tener oportunidad de salir adelante.
El país vive, pues, en la atonía. Los dirigentes del país viven enfrascados en asuntos que tienen que ver con sus rivales ideológicos, en ajustar cuentas por hechos del pasado; hay un desorden muy bien organizado en materia de control de precios; hoy todo gira en la órbita electoral porque importa más el poder que se pueda lograr o conservar que resolver problemas que están afectando (como la sequía) la viabilidad que debemos tener como país. El voto es una mercancía y grandes cantidades de recursos públicos se destinan a comprar voluntades que no se podrían ganar de otra manera. Todo esto es una infamia.
El gobierno federal y los estatales tienen que coordinarse y defender a los consumidores. Intervenir con la fuerza del Estado para impedir los abusos de los comerciantes, que están confortados vendiendo a cómo les place. Las
protestas hasta hoy son aisladas frente al encarecimiento de productos básicos, pero seguramente que todo puede evolucionar a una situación insostenible que cause el enojo popular.
Los ciudadanos han de protestar de cualquier modo para hacerse oír ante la sordera oficial, haciendo ver que los aumentos salariales se tornan inútiles ante la carestía. De igual manera, se tiene que buscar la forma en hacer llegar productos básicos a precios accesibles a las localidades y regiones donde hay pobreza y más dificultades para vivir.
No vale cruzarse de brazos ante lo que es un problema que tiene hasta visos de criminalidad, porque el comercio injusto está arrebatando a los consumidores ingresos importantes en su cuantía.