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México.- A petición de la Secretaría de Hacienda, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados frenó la reforma al artículo 123 constitucional para establecer que las pensiones y jubilaciones se calculen en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), debido a que dicha modificación tendría un impacto de miles de millones de pesos sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, solicitó que se retirara del orden del día, el proyecto de dictamen que estaba listo para ser discutido y votado durante la sesión de este jueves.
“La Secretaría de Hacienda nos está diciendo que tiene un fuerte impacto presupuestal y nosotros vamos a solicitar, voy a pedir retirarla del orden del día, ya está listada, para verla en una siguiente sesión, después de que se hagan algunas corridas financieras sobre los costos y el impacto que puede tener a mediano y a largo plazo esto”, dijo.
Recordó que el salario mínimo aumentó en el actual sexenio de manera considerable, al pasar de 88 pesos diarios, en 2018, a 240 o 250 pesos para el próximo año, mientras la UMA se mantuvo sin incrementos significativos, hasta llegar a 103 pesos diarios, en 2023.
“Hay una gran diferencia entre el valor de la UMA y el salario mínimo, pero hacerlo de golpe, así, costaría bastante al erario público, al presupuesto. No sé cuánto será, pero muchos miles de millones de pesos cada año”, puntualizó el legislador morenista.
En entrevista, el diputado detalló que las pensiones se calculan actualmente en UMAs, porque así las comenzó a pagar el ISSSTE y eventualmente el IMSS, pero las asociaciones de jubilados y de pensionados están pidiendo modificar ese criterio y utilizar como base de cálculo el salario mínimo.
Además, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en su reunión de trabajo, una adición al último párrafo al artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos, el carácter de sujetos de derecho público.
El dictamen avalado por unanimidad subraya que dicho reconocimiento constituye un valor superior para el estado mexicano, a fin de reivindicar la lucha social e histórica de dichos sectores.