En entrevista, el presidente del Consejo Estatal del PRD, recordó que se tiene hasta el 30 de noviembre como plazo límite para llevar a cabo las auditorías a los 10 municipios y el gobierno del estado, por lo que no ve la razón de apresurar el proceso.
“El hecho de adelantar la calificación de las cuentas públicas es un abuso de autoridad y se están adjudicando una facultad que no les corresponde y lo hacen porque están calculando poder sacar las cuentas y mantener la opacidad del gobierno y negociar con los ayuntamientos en manos de la oposición”, recalcó.
Y es que la Comisión de Hacienda del Congreso ya se reunió con los representantes de los ayuntamientos para comenzar una auditoría especial inmediatamente realizada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), sin embargo, la actual legislatura sólo tiene hasta el 31 de agosto para presentar los dictámenes correspondientes o en su caso, citar a una sesión extraordinaria en el periodo de receso del 1 al 30 de septiembre pues el 1 de octubre se instala la siguiente legislatura.
“Es una aberración que la actual legislatura intente sacar en paquete una serie de leyes, dizque para dejar en cero el rezago en los dictámenes, como si esta acción fuera a borrar su gris actuación durante los casi tres años de ejercicio”, espetó.
Hizo un llamado a la mayoría del PRI a no tratar de encubrir los problemas financieros y tratar de negociar con la oposición de las cuentas públicas de los ayuntamientos del PAN, pues saben que en la siguiente legislatura no tendrán mayoría.
