El secretario del municipio de Colima, Miguel de la Madrid Andrade, es necesario que la petición ciudadana se formalice al interior del ayuntamiento para analizar de fondo la solicitud que hacen.
En este caso, por los hechos que han ocurrido, la instancia legal tendría que ser la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“La gasolinera está cerrada por voluntad propia del propietario, no hay fundamento jurídico donde ellos estén incumpliendo contra reglamento municipal para efectos de retirar licencia y clausurar el establecimiento”.
De la Madrid Andrade no descartó que los atentados podrían ser una razón de fundamentar jurídicamente para la clausura.
Sin embargo aclaró que el municipio sanciona infracciones administrativas como infracción a reglamento para la clausura o revocación de la licencia, y no penales.
Los ataques a la gasolinera han sido: el 9 de enero, personas no identificadas dispararon con armas de alto calibre contra la oficina de la gasolinera. El 16 de enero, lanzaron bombas molotov, que dejó daños materiales. El 26 de enero dos encapuchados a bordo de una motocicleta arrojaron dos bombas molotov y prendieron fuego a una despachadora. El 4 de febrero, un par de individuos dispararon contra policías que vigilan el establecimiento.