Por: Manuel Olvera Sánchez
Durante cientos de años la sociedad mexicana ha luchado por cimentar las bases para una justicia social donde la brecha entre los que menos tienen y los privilegiados se vea acortada. Pudiéramos señalar que desde el movimiento independentista hasta la hoy autollamada cuarta transformación, el objetivo final ha sido el lograr una vida más justa y digna de la sociedad.
Mucho han influido las instituciones gubernamentales que han edificado con el correr del tiempo los mecanismos indispensables para que ese sueño hasta la fecha anhelado por la sociedad mexicana se vea cumplido, desde simples juzgados de paz hasta Comisiones de Derechos Humanos.
Vale recordar que la sociedad mexicana ha adoptado posturas pasivas con la esperanza de que esas luchas sociales en algún momento les retribuyan en frutos y generar las condiciones de igualdad en todos los sentidos: justicia, economía, salud, vivienda, seguridad y salarios dignos por señalar solo algunos. Precisamente en este último hemos sido testigos como han pasado sexenios y lo único que hemos padecido es una economía mal orientada que solo ha beneficiado a los grandes capitales, haciendo a un lado lo más valioso que tiene una nación: su pueblo.
Hemos sido testigos durante muchos años de como existen funcionarios que gozan de prerrogativas que ofenden la dignidad del pueblo mexicano, cuando en realidad cualquier ciudadano difícilmente lograra percibir incluso durante su vida económicamente laborable, lo cual evidencia un sistema económico mal orientado.
Ya en su momento siendo gobernador de Oaxaca, Benito Pablo Juárez García señalaría ante el Congreso del Estado que los funcionarios deberían disponerse a vivir en la honrada medianía que la misma Ley les otorga, palabras que durante muchos años solo fueron parte de los discursos pronunciados por la clase política, pero que solo han quedado en eso, mas no en realidades.
Vale hacer mención que derivado de las políticas económicas globalizadoras la brecha entre la riqueza y la pobreza se ha acentuado, razón por demás que en el caso particular de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han utilizado el termino austeridad económica, mediante la cual buscan eficientar el destino de los recursos económicos.
Durante el pasado proceso electoral el hoy en día Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consciente de lo ofensivo e indigno de los salarios que perciben funcionarios tanto del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, emprendió como parte de su campaña un discurso en el cual señalaba que su gobierno sería un gobierno austero en lo relacionado a los sueldos de los funcionarios y que nadie debería ganar más que el Presidente de la República.
Fiel a ser congruente con su ideología, el Presidente electo AMLO hoy en día ha mantenido su postura, señalando que una vez tomando posesión como Presidente Constitucional ese mandato estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será una realidad, y que todos los Presidentes fueron omisos ante tal disposición.
Dentro del proyecto de Nación pretendido por AMLO y bajo su visión austera en el ejercicio del gasto, la Ley de Austeridad Republicana contempla disposiciones que vienen a romper con usos y costumbres. Dentro de los puntos más relevantes se encuentran la desaparición de las pensiones vitalicias a los Ex Presidentes de la Republica, el que los funcionarios deberán incorporarse a los sistemas públicos de seguridad social, restringir el uso de personal como escoltas, entre muchos otros que persiguen hacer más eficiente el ejercicio del gasto público.
En términos generales podemos señalar que la austeridad republicana, como una visión de gobierno por parte del presidente electo y que ha sido bien recibida por el Congreso de la Unión, será una realidad; caso contrario, y pareciera que la visión que persigue AMLO para los legisladores locales y en particular los de Movimiento de Regeneración Nacional no existe, y asi da testimonio lo señalado por el Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado Guillermo Toscano quien ha señalado que no es posible modificar las prerrogativas las cuales han empezado a percibir bajo el argumento de que el presupuesto con el que cuenta el Congreso del Estado para este ejercicio fiscal “ lo tendrán que terminar así”, declaraciones por demás ingenuas por parte del Diputado, ya que bastase un punto de acuerdo para que los excedentes presupuestales por la disminución de sus prerrogativas se canalicen para un fin social en particular.
Pareciera que al Diputado Guillermo Toscano no le quedó claro que la sociedad mexicana decidió con su voto otorgarles la confianza con la esperanza de que sean erradicadas de raíz todas esas inercias negativas que solo han contribuido a que los indicadores de pobreza extrema vayan a la alza.
Por su formación académica, profesional, por su larga trayectoria como servidor público y lo más importante que será consciente con los reclamos de la sociedad de implementar una economía austera, el Gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez deberá presentar un proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 acorde a las grandes necesidades que hoy en día demanda la sociedad colimense.
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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