Luego de que dicho Comité hizo públicas sus observaciones sobre el cumplimiento de México a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado mexicano –a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la PGR- aseguró que “ha realizado grandes esfuerzos para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales” en la materia de tortura.
Reiteró además su plena cooperación con los mecanismos especializados de derechos humanos de las Naciones Unidas.
“El gobierno de México recibe con responsabilidad las recomendaciones del comité y asume el compromiso de examinarlas minuciosamente para garantizar su adecuada implementación en todo el país”, señaló el gobierno mexicano.
El Comité contra la Tortura expresó su “preocupación por los informes recibidos que se refieren al alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, en el marco de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado”.
Asimismo, urgió a México a abolir la figura del arraigo y legislar sobre desapariciones forzadas, expresando además su preocupación por aumento progresivo de desapariciones en estados como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
También recomendó modificar su Código de Justicia Militar para ajustarlo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fuente: MILENIO
