Cuando algo es de todos y de nadie a la vez, ¿quién se encarga de cuidarlo? ¿Y qué pasa si se rompe? Este es el acertijo en apariencia imposible de resolver al que se enfrentaban la mayor parte de las aguas oceánicas. Hasta ahora.

Semanas atrás, la agenda de catástrofes ambientales a la que peligrosamente nos hemos acostumbrado nos dio tregua con una noticia que científicos y activistas compartieron con entusiasmo: la entrada en vigor de un acuerdo conocido de manera popular como “Tratado de Alta Mar” que establece normas jurídicamente vinculantes para proteger la biodiversidad marina en las aguas oceánicas que están más allá de las aguas territoriales que controla cada país. En otras palabras, normas para proteger lo que hasta ahora era un “territorio sin ley”, un vasto territorio sin ley: los océanos cubren dos tercios de la superficie del planeta y esas aguas que no están bajo jurisdicciones específicas representan el 64 % de los océanos, según las cifras de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Los países negociaron durante décadas los términos del acuerdo, que entró en vigor en enero luego de que lo ratificaran 60 países, el umbral mínimo que debía pasar el texto para estar oficialmente vigente. Ahora ya son 85 naciones las que lo han ratificado, con algunas ausencias notables como las de Estados Unidos y Argentina

Los escépticos —y no es descabellado ser escéptico en una época en que el multilateralismo parece herido de gravedad— podrán preguntarse qué cambiará en el mundo, y especialmente en nuestra región, con otro acuerdo que hasta ahora solo se ve sobre el papel.

Nuevas áreas marinas protegidas: ¿una oportunidad para las cordilleras submarinas de Nazca?

Una de las claves del tratado es que permitirá la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, dijo a CNN en Español Yacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF, basada en Chile —que fue el primer país del mundo en ratificar el texto—.

En la actualidad, cerca del 25 % de las aguas bajo jurisdicción de los países en América Latina cuenta con algún tipo de protección, explicó, y el tratado permitirá ampliar el horizonte de las protecciones más allá de las jurisdicciones nacionales. ¿Pero dónde exactamente? Los científicos y activistas ya tienen algunas propuestas.

Este modelo, por ejemplo, podría ser de gran utilidad para una región del Pacífico oriental en la que el Gobierno de Chile, la comunidad científica, comunidades locales y organizaciones como WWF están poniendo especial atención: las cordilleras submarinas de Nazca.

Existe un área entre la Isla de Pascua y la Reserva Dorsal de Nazca de Perú que se extiende a lo largo de 2.900 km, cubriendo dos cadenas montañosas submarinas, y que es “tremendamente importante en términos de nivel de endemismo, tiene un nivel de endemismo muy alto y necesita acciones de conservación por ello”, Montesinos.

Esta región del Pacífico oriental es el hábitat de “especies que viven solamente allí, no están en ninguna otra parte de nuestro planeta”, explicó la bióloga marina, y además es clave para la “conectividad de los grandes cetáceos” que se movilizan por el océano.

La zona es hogar de un tipo de ballenas azules que son únicas en el mundo, que se distinguen de las de otras regiones por al menos dos razones explicadas por Montesinos: por un lado, la especie “no hace la ruta migratoria tradicional entre las aguas de América Central y del polo (…) sino que es una población que se mueve entre las aguas de Galápagos y del sur de Chile”. Y, por otro, “tiene una vocalización única en el mundo, no hay registro de una canción similar de otras poblaciones de ballenas azules”.

Estas ballenas, además, tienen una “importancia espiritual” para comunidades indígenas como los mapuches, quienes las consideran “transporte del espíritu de los seres queridos cuando pasan de la vida terrenal a la vida espiritual”, agregó.

La ley y el orden

El tratado busca además que se compartan de manera más equitativa los beneficios de usar el material genético de organismos de los océanos como bacterias, corales o esponjas en áreas como la medicina, cosmética, alimentación y biotecnología.

También aborda la necesidad de que se hagan estudios de impacto ambiental para ciertas actividades que quieran realizar empresas o países en aguas más allá de su jurisdicción, si estas pueden presentar riesgos para la conservación marina —una cifra a recordar: en el océano se han identificado hasta ahora cerca de 200.000 especies, pero se estima que hay millones y que solo conocemos entre el 5 % y el 7 %—.

Y propone una transferencia de conocimiento y tecnología entre países que debería ayudar a una “nivelación” en palabras de Montesinos. Hoy, explicó, hay naciones con déficits de información que no llegan ni a conocer las riquezas que existen más allá de sus jurisdicciones nacionales. Un marco legal colaborativo podría ayudar a que eso se subsane.

Hay algunos temas clave vinculados a la gobernanza de los océanos que el tratado no aborda de manera directa, por ejemplo la pesca ilegal, un delito que pone en peligro la biodiversidad y también la seguridad alimentaria y cuyas dimensiones son significativas: según WWF, cada año se capturan ilegalmente en el mundo entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado.

Sin embargo, tanto en lo que respecta a la pesca como a otros aspectos del uso de los océanos, por ejemplo el transporte marítimo, el tratado reconoce explícitamente otros acuerdos e instancias previas que llevan años abordando los desafíos de alta mar. Y eso, según la visión de Montesinos, es clave porque ordena y permite construir sobre décadas de trabajo previo.

Con este tratado, el mundo tiene un nuevo marco legal para proteger uno de sus mayores tesoros. Eso no significa que el trabajo esté terminado. Hay múltiples países que aún deben ratificar el texto y, además, hay que bajar a tierra —o bajar al agua, mejor dicho— los principios de esta nueva normativa global, para que se conviertan en acciones concretas de conservación.