DE AUDITORÍA, “LIBRO BLANCO” Y AFÁN PROTAGÓNICO
Por: Mario Cárdenas Delgado (Acpe)
Al iniciar su gestión como gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez reconoció que recibía una administración estatal en situación crítica, por lo que era necesario, “reordenar y sanear las finanzas públicas”. Con el fin de cumplir este propósito, anunció la realización de una Auditoría integral del ejercicio del gasto público durante la administración de Mario Anguiano y con la información que arroje este procedimiento más las evidencias que se encuentren en cada una de las dependencias, la elaboración del Libro Blanco de las finanzas públicas del estado.
De acuerdo con los objetivos y las disposiciones que para el caso establece la legislación en la materia, este instrumento tiene como propósito dejar una constancia documental ordenada, cronológica y completa de las acciones legales, técnicas, financieras, presupuestarias operativas, administrativas, de control y seguimiento, realizadas durante un ejercicio gubernamental, y de darse el caso, coadyuva en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas que contribuyan al esclarecimiento de hechos que pueden configurar conductas delictivas.
A menos de dos meses de que anunciara estas acciones, a las que debe agregarse la expedición del Decreto de austeridad, el Mandatario informó esta semana el inicio de la auditoría integral por parte de la empresa PrincewaterhouseCoopers, decisión que constituye una señal clara de que quiere llegar al fondo en la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por Anguiano y su pandilla, y de encontrar sinvergüenzadas, hacerlas públicas y mandar a los corruptos a la cárcel, acción que los colimenses demandan y esperan, confiados en que, como él dijo, la auditoría “será totalmente transparente, sin letras chiquitas”.
Sin embargo, es de considerar lo dicho por el mandatario referente a que “si la empresa PwC encuentra algún tipo de anomalía se remitirá al Poder Legislativo, entidad que legalmente tiene la atribución para realizar las tareas de fiscalización de los recursos públicos, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), el cual se encuentra facultado para formular las denuncias o querellas correspondientes”, porque está comprobado que a la mayoría panista no le interesa agilizar el juicio político contra Anguiano y compañía, es más, da la impresión de que quieren que el polvo del olvido cubra el lodazal -salud, Rogelio Rueda- que dejó el anterior gobernador.
Esto explica las críticas que hizo un día después de la declaración de Nacho el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, el panista Alejandro García Rivera, a la auditoría contratada por el Ejecutivo, arguyendo que su costo de 1.7 millones es excesivo y en todo caso debió canalizarse este monto al Osafig para que lo hiciera; que el dictamen de la empresa generará un documento que se hará llegar al órgano Legislativo sólo como una recomendación, pero sin fuerza legal, y que con esta acción el Gobierno de Peralta trata de encubrir a alguien o de ganar la primicia de la informar sobre los presuntos desvíos en el erario.
Estos argumentos carecen de fundamento, porque el Gobernador Peralta ha expresado en repetidas ocasiones su disposición para trabajar coordinadamente con los otros dos Poderes, respetando sus funciones, atribuciones y ámbito legal. Por otra parte, da la impresión de que el diputado García no escuchó ni leyó lo que con toda claridad dijo el Mandatario sobre que, “si del resultado de la auditoría se encuentra algún tipo de anomalía, remitirá las conclusiones al Poder Legislativo (las cursivas son mías)”, así que, ¿cuál agandalle o afán protagónico?, señor legislador.
Además, ese fue un compromiso que asumió Nacho Peralta durante su campaña y formalizó en su primer mensaje como Gobernador, y lo más importante, reitero, los colimenses demandamos que se investiguen a fondo las tropelías que presuntamente cometieron los integrantes de la corte anguianista y de comprobarse, que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley.
Con este afán, es válido que el Ejecutivo y el Legislativo, además del Poder Judicial, trabajen de la mano, porque los delincuentes de “cuello blanco” son cínicos, escurridizos y muy hábiles para ocultar sus fechorías. Así que, los conflictos de interés y las intenciones ocultas del Gobierno sólo existen en la imaginación del tribuno panista, las tropelías son reales, como el afán de cubrir a Moreno por parte de su bancada.
Acordeón
Gisela Méndez, actitud negativa. Contraviniendo la actitud conciliadora, respetuosa y de colaboración plena que asume el gobernador José Ignacio Peralta, la secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, Gisela Méndez, canceló unilateralmente su asistencia a una reunión informativa a que había sido convocada el martes anterior en el Congreso, generando su informalidad y falta de respeto una justificada molestia en los legisladores. No es la primera pifia que comete, lo malo es que al parecer le vale, aunque con ello haga quedar mal a su jefe.