Por unanimidad, los diputados acordaron reformar Código Penal para el Estado de Colima y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima para ajustarse a las modificaciones del marco jurídico federal.
De esta forma, se establecerá una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s), cuyo objetivo consiste en integrar Unidades que se constituyan como coadyuvantes del Ministerio Público para la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se pretende ampliar la cobertura de las propiedades o posesiones que pueden ser objeto de decomiso, de ser actualmente los productos o instrumentos del delito, ahora también serán las pertenencias del inculpado, para de esa forma disminuir la capacidad económica del delincuente y limitar sus actividades.
Se establece como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, además de que será catalogado como delito grave con una penalidad de cinco a quince años de prisión y multa de mil a cinco mil unidades.
Se castigará a aquella persona cuyo dinero obtenido legalmente lo utilice en actos ilegales, y tendrá una penalidad de tres a diez años de prisión y multa de ochocientas a dos mil seiscientas unidades.
También se sancionará la conducta que comúnmente se conoce como prestanombres, siempre que los bienes o derechos intitulados procedan de una actividad ilícita, es decir, todo apropiación aunque sea de forma legal, pero con recursos de origen delictuoso serán sancionados, aun cuando desconozcan esta última condición.
Para este delito la sanción es de tres a nueve años de prisión y multa de mil a dos mil quinientas unidades.