*Se aprueba al vapor la minuta, sin haberla estudiado
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Con la aprobación de reformas Constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa “se pierde y vulnera la presunción de inocencia” que todo mexicano debe tener, afirmaron diputados del PRI, MC y PAN en la Sexagésima Primera Legislatura Local, tras haber aprobado diputados de Morena, PVEM, Nueva Alianza y del Trabajo la minuta de reforma al artículo 19 de la Constitución que fue enviada por el Senado de la República al Congreso del Estado la madrugada de este viernes y que, como se ha hecho costumbre, fue aprobada por los diputados locales oficialistas sin analizarla y con pleno desconocimiento de su contenido.
Es de señalar que el Senado de la República aprobó por la noche del jueves dichas reformas Constitucionales sobre la prisión preventiva oficiosa para delitos de extorsión, producción de fentanilo, entre otros. El decreto que reforma el Artículo 21 de la Constitución fue remitido a las Legislaturas locales para su aprobación por al menos 17 de 32.
Esta minuta “aprobada al vapor” por los legisladores colimenses de Morena y sus aliados amplía el catálogo de casos en los que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, incluye la “extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados’’.
La medida cautelar aplicará también en delitos graves “de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley’’.
“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial’’, cita el decreto.
El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días, contado a partir de la vigencia de la enmienda constitucional, para armonizar el marco jurídico de las leyes secundarias en las materias correspondientes, y las legislaturas de las entidades federativas dispondrán de un año para realizar las adecuaciones normativas necesarias.
La enmienda precisa que, al entrar en vigor, se derogarán todas las disposiciones que se opongan al contenido del decreto, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Esta reforma constitucional, según legisladores de oposición “violenta la presunción de inocencia, porque se debe de utilizar de manera excepcional y porque debe de ser la última opción de las medidas cautelares a usar”.