Análisis Político
Por: Abel González Sánchez.
Suena aterrador, preocupante para el país pero es la realidad, en México las niñas y adolescentes no están seguras en las calles y tampoco en sus hogares, porque casi diariamente es asesinada o desaparecida una niña o jovencita y casi nunca atrapan a los delincuentes, lo mismo ocurre en ejecuciones a sangre fría, si los detienen les dan cadena perpetua convirtiéndose en una carga para la sociedad, éstos son datos de acuerdo con un análisis hecho del propio Inegi, se estima que el solo ser mujer adolescente en edad de 15 a 17 años tienes automáticamente el 36% de probabilidad de que sea violada, desaparecida, víctima de feminicidio o reclutada para la prostitución clandestina.
CASI SE DUPLICARON LOS HOMICIDIOS
En los primeros 31 meses del gobierno de Felipe Calderón (diciembre 2006 a junio de 2009) hubo 32 mil 587 víctimas de asesinato, y con Enrique Peña (diciembre de 2012 a junio de 2015), fueron 55 mil 103 víctimas. Los informes actuales y oficiales de Gobernación indican que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo pasado, en el país hubo 86 mil 370 víctimas de homicidio doloso, y 2 mil 471 víctimas de feminicidio. Es decir, un total de 88 mil 841 personas asesinadas de manera violenta o dolosa a lo largo del país, podemos analizar que en lo que va de la presente administración han sido asesinadas en el país, al menos, 91 mil 92 personas, es decir casi lo doble de muertes violentas que en otras administraciones, por ello podemos afirmar que la violencia ha aumentado exponencialmente casi al 100% en los años recientes por lo que se debe reorganizar a fondo todo el esquema de seguridad en el país, tanto en la persecución, estrategias pero también con la aplicación de nuevas reformas constitucionales.
SINGAPUR IMPUSO LA PENA DE MUERTE
En Singapur y una gran cantidad de países encontraron la solución a la delincuencia mediante la reforma constitucional imponiendo la pena de muerte a los delincuentes perversos que tanto dañan a la sociedad, permitiendo solamente a sus familiares a recoger su cadáver después de ser ejecutados, antes de las reformas del nuevo régimen en Singapur imperaban las mafias y la corrupción, incluyó lógicamente la pena de muerte o cárcel a los grandes corruptos del dinero público y de las mismas áreas de seguridad nacional.
Hoy en día es un país que no sólo tiene mejor nivel de vida y un mayor poder adquisitivo que muchos de los más importantes países de Asia y Europa, es el país que erradicó la inseguridad y la delincuencia con la pena de muerte. La pena capital se instauró como norma constitucional en el año 2013 incluyendo a los grandes gobernantes corruptos, tiene hoy uno los índices más bajo en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo.
Sobre los delitos de abuso sexual y otros menores, en Singapur se publica actualmente el nombre de los violadores y se televisan los juicios. Incluso implementan otra curiosa medida como lo es la de habilitar a personas que en parques o espacios públicos, van vestidos de basureros, pero que tienen como finalidad la de detener delincuentes para ponerlos a trabajar, los diarios locales publican diariamente las fotografías de los delincuentes acreditados como tales y además hablan sobre los delitos que han cometido y los trabajos que forzosamente tienen que hacer a favor de la comunidad.
LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO
La historia de la pena de muerte en México es muy antigua con tintes contradictorios, aparece desde las culturas precolombinas, en el derecho azteca las formas de aplicar la ley en casos de asesinatos las penas eran crueles y dolorosas; se les dictaba la orden para su descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y horca. En la época colonial, en tiempos de la Inquisición, la muerte como pena fue práctica común junto con la tortura y los castigos corporales: azotes, marcas y estigmatizaciones, después de la Independencia, la pena capital siguió presente.
El primer código penal de México independiente, promulgado en el Estado de Veracruz en 1835, estableció la pena de muerte con reglas muy detalladas: desde su notificación y el trato compasivo y piadoso que se otorgaba a los sentenciados antes de la ejecución, hasta la forma pública y denigrante de su conducción al patíbulo y el lugar deshonroso de su sepultura. El condenado sería “pasado por armas o le sería dado garrote”. El Código Penal de 1869 para el mismo Estado, influenciado por los principios postulados en la Constitución de 1857 canceló esta pena para todos los delitos, lo cual constituyó un avance muy importante para su época moderna, pero que también a la par se iniciaba el incremento de la delincuencia.
El Código Penal federal de 1871 conocido como “Código Juárez” o “Código Martínez de Castro” se reformó a pesar de que Martínez de Castro, presidente de la Comisión legislativa consideró que era sumamente peligroso suprimirla totalmente, pero el código precisaba que al momento de la ejecución, si el reo lo pidiere, podía estar presente un sacerdote o ministro de culto religioso; no se ejecutaría en domingo ni en otro día festivo, y su cuerpo debía ser sepultado sin pompa alguna, pero el Código Penal de 1929 abolió esta pena de muerte, y con ello quedó proscrita en el ámbito federal, en los territorios federales y en el Distrito Federal. El Código Penal de 1931 siguió el camino trazado por el ordenamiento penal de 1929 y, en esa línea legislativa, no incluyó en su catálogo de penas, la de muerte.
Posteriormente, los diversos códigos penales fueron eliminando la pena de muerte, se tiene noticia de que antes de 1929, Michoacán la suprimió en 1924, después lo hizo Querétaro en1931, Jalisco en 1933, Zacatecas en 1936, Chihuahua en 1937, Chiapas y Yucatán en 1938, Sinaloa en 1939, Coahuila en 1941, Campeche y Puebla en 1943, Durango en 1944, Veracruz en 1945, Aguascalientes en 1946, Guerrero en 1953, casi finalmente Colima, Guanajuato y Nayarit en 1955, y así el resto de estados.
El derecho internacional, en relación con la pena de muerte, tiene especial importancia, en virtud de que, de acuerdo al artículo 133 constitucional, los tratados suscritos por México son “norma suprema de toda la Unión” y recobran el derecho a la vida como derecho inherente a la persona humana, la mayoría de los países rechazan la pena de muerte debido a que algunos dictadores las aprovechaban para inculpar y eliminar a sus enemigos mediante la pena de muerte, sin embargo la situación especial que vive hoy México, quizás algo similar a lo vivido en Singapur por tanta criminalidad y corrupción.
En México hay irritación social y gran frustración por el hecho de que las autoridades federales y de los estados no solucionen los alarmantes índices de violencia e inseguridad, y que las fuerzas del orden federal sean incapaces, no hay control, al igual sucede en el combate a la corrupción de los recursos públicos, miles de denuncias públicas y en los ministerios públicos sin resultado alguno, convirtiéndose así muchos funcionarios en multimillonarios de la noche a la mañana. Sería trascendente si en este sexenio se hiciera una encuesta nacional sobre la pena de muerte, el pueblo sabio y bueno la aprobaría.