Por: Ángel Durán
Para que México avance hacia instituciones autónomas, independientes y cercanas a la sociedad, quienes las encabezan deben contar con conocimientos de Derechos Humanos, experiencia y capacidad para ejercer su responsabilidad. También necesitan autonomía de pensamiento, sensibilidad humana y una visión clara de cómo su trabajo puede fortalecer a la institución y servir a las personas.
Bajo esa concepción, considero acertada la designación del Dr. Antonio Sorela Castillo como Director General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de una responsabilidad estratégica. Desde esta dirección se pueden impulsar estudios, protocolos, capacitación y políticas que ayuden a incorporar los derechos humanos en el trabajo del máximo tribunal y a construir vínculos con otras instituciones de justicia, principalmente los poderes judiciales de los estados.
El Dr. Sorela reúne una trayectoria académica y profesional relacionada con esa tarea. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Derecho Procesal Penal, Dr. en Derecho por el Colegio Morelos y cuenta con estudios posdoctorales en Derecho Público.
Ha dedicado parte importante de su actividad a la enseñanza, la investigación y la promoción de los derechos humanos.
Su trabajo también ha trascendido nuestras fronteras. En 2024 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
En 2025 participó como candidato a ministro de la Suprema Corte. Entre sus propuestas planteó una justicia cercana a la gente, la especialización de quienes integran el máximo tribunal y una mayor comprensión de la interculturalidad y de las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.
En Colima conocemos parte de su trabajo. Presentó la obra colectiva Diálogos jurisprudenciales en contexto de los derechos humanos, que coordinó junto con Miguel Nava Xochitiotzi y en la que tuve la oportunidad de participar.
Es una muestra de su interés por abrir espacios de reflexión sobre democracia, justicia y derechos fundamentales.
Su llegada a la Corte ocurre cuando México necesita fortalecer la confianza en sus instituciones judiciales. El World Justice Project ubicó a nuestro país en el lugar 125 de 143 países y jurisdicciones en su Índice de Estado de Derecho 2026. En justicia civil la calificación fue de 0.34 y en justicia penal de 0.22, en una escala de cero a uno. Son indicadores que reflejan desafíos del sistema en su conjunto.
Desde la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Para las personas juzgadoras, ese mandato debe hacerse visible en cada decisión.
La justicia se vuelve concreta cuando una madre obtiene una resolución oportuna sobre una pensión alimenticia; cuando se protege a una niña o a un niño en un conflicto familiar; cuando una persona adulta mayor es escuchada; o cuando una víctima encuentra una respuesta fundada y sensible.
El artículo 17 constitucional reconoce el derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Ese compromiso exige preparación, recursos y voluntad institucional.
También exige mirar hacia los estados. El artículo 18 del Reglamento Orgánico de la Suprema Corte contempla que la dirección auxilie en estrategias de colaboración con las entidades federativas.
Los poderes judiciales locales pueden acudir a la Corte, por conducto de esta dirección, para proponer acciones de capacitación y fortalecimiento, respetando las competencias e independencia de cada institución.
Hay otra dimensión de la trayectoria del Dr. Sorela que puede enriquecer esta labor: ha estudiado y expuesto sobre inteligencia artificial y justicia.
La modernización judicial necesita tecnología, pero también personal capacitado, protección de datos y supervisión humana.
Confío en que su experiencia y visión humanista contribuirán a fortalecer la Suprema Corte y a acercarla a los sistemas de justicia de las entidades federativas. México necesita perfiles capaces de comprender la Constitución, los tratados internacionales en materia de justicia y derechos humanos y, sobre todo, la realidad de las personas que esperan justicia.
Enhorabuena al Dr. Antonio Sorela Castillo. Su designación abre una oportunidad para que el conocimiento, la sensibilidad y los derechos humanos sigan ganando espacio en nuestras instituciones.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
