Allá en Colima el estado de derecho se extravió desde 2003, cuando menos, el año en el que el entonces gobernador, Fernando Moreno Peña, ex rector de la universidad estatal y algo más que aliado de algunos medios informativos locales, dispuso de la parafernalia gubernamental, de manera por demás escandalosa, para asegurarse una sucesión cómoda. Para el efecto, él personalmente encabezó una campaña exaltando el imperativo de la continuidad –continuismo, más bien- que le estalló en las manos al abanderado priísta, Gustavo Vázquez Montes.
Fueron tan burdos los procedimientos que debió intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para anular los comicios a causa de la injerencia del ejecutivo colimense. Meses después sucedería lo mismo en Tabasco sin que con ello variaran los resultados en sedas entidades.
Por cierto, Vázquez Montes, sin mayores complicaciones, superó, por segunda vez, a sus adversarios en las elecciones extraordinarias y asumió la gubernatura en 2004. Poco le duró el gusto: en febrero de 2005 su avioneta se precipitó a tierra por rumbos michoacanos –el mero referente ahora levanta mayores sospechas-, perdiendo la vida. Y, por ley, debió convocarse a nuevos comicios en los que no tuvo tropiezo alguno el priísta que había disputado antes con Vázquez la nominación: Silverio Cavazos, a quien se había marginado precisamente por instrucciones del gobernador Moreno Peña desde la primera jornada. Tres elecciones en el transcurrir de dos años bajo la férula del poder estatal.
El diferendo entre Moreno Peña y Cavazos Ceballos apenas si tuvo breve tregua, esto es el apretado lapso gubernamental del infortunado Vázquez Montes cuyo “accidente”, al igual que otros relevantes como los sufridos por Ramón Martín Huerta en 2005 y Juan Camilo Mouriño en 2008, no ha sido suficientemente investigado siquiera para dirimir las sospechas sobre los beneficiarios directos del mismo, en este caso el ahora extinto Silverio Cavazos y su grupo.
La precipitada declaración del gobernador en funciones, Anguiano Moreno, señalando como sospechoso del crimen contra Cavazos, porque así lo señaló la esposa de éste, al ex mandatario Moreno Peña, sistemático crítico del desaparecido porque el arribo de éste al poder cercenó todas las nutrientes del poder estatal en las que seguía abrevando, confirma per se no solo la tremenda descomposición política que se engendró en Colima, sede además del poderoso cártel de las metanfetaminas encabezados por los hermanos Beltrán Leyva –muy cercanos a la residencia oficial de Los Pinos en tiempos de Ernesto Zedillo-, sino una posible trama de vendettas inagotables engendrada en los odios sectarios. Y hablamos sólo de pugnas entre priístas.
Por parte del panismo, que aporta lo suyo, Leoncio Morán Sánchez, ex alcalde de la capital colimense –una proeza debió ser su gestión si consideramos la reciedumbre de los controles priístas en la región-, fue el mayor polemista ante Cavazos. Le acusó, con diversos elementos dignos de ser considerados, por enriquecimiento ilícito y, desde luego, las evidencias parecen estar muy a la vista: basta con observar las dimensiones de la mansión enfrente de la cual fue asesinado su propietario, el ex mandatario, para especular al respecto; más de mil metros cuadrados de construcción en la colonia residencial de mayor estatus. No es poca cosa para quien sólo vivió de la política. (Por cierto, Morán Sánchez obtuvo el 47 por ciento de los sufragios en los comicios de 2005, apenas cuatro puntos porcentuales debajo del oficialista Cavazos y con las consiguientes impugnaciones que el TRIFE, acaso agotado y acotado, desechó).
Tales son los hechos escuetos. Y son éstos los que, a través de la crónica imparcial, levantan la polvareda.
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