*Martín Álvarez, docente de la Facultad de Contabilidad y Administración, dictó una conferencia sobre el tema a integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México.
Redacción|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- En días pasados, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México realizó la conferencia virtual “Defraudación fiscal calificada por simulación de relaciones laborales”, la cual estuvo a cargo del Dr. Martín Álvarez Ochoa, catedrático de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima.
En entrevista, el especialista en materia fiscal dijo que en su conferencia explicó el aspecto penal en el que se encontrarían los empresarios, contadores y entes públicos que incurran en subcontratar personas. Asimismo, señaló que las empresas que comienzan a trabajar simulando contratación laboral, pueden hacerse acreedoras a penalidades muy altas.
Un ejemplo, continuó, “son los empleados que ganan un salario alto, pero el patrón los tiene registrados en el IMSS con un salario menor, por lo que al jubilarse les darán poco; esto es en el mejor de los casos”. Además, precisó, “hay empresas que no tienen ningún trabajador, ni activos, ni bienes, y le facturan trabajo a otras como si lo hicieran éstas, cuando en realidad no existen trabajadores o pertenecen a una tercera persona”.
“Estas simulaciones son lo que llamamos compra de facturas; simulan operaciones y así pagan menos impuestos”, afirmó. También dijo que un delito de defraudación fiscal y otro de lavado de dinero se podrán perseguir simultáneamente: “Se presume cometido el de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo al monto defraudado y a las agravantes, son las sanciones de tipo penal, las cuales van desde los tres meses hasta los 12 años en prisión”, mencionó.
Álvarez Ochoa reiteró que la simulación de operaciones laborales no sólo ha dañado a los trabajadores, daña de manera precisa a las empresas que lo realizan, pues emiten datos falsos que terminan dañando su proceso de crecimiento.
“La ética empresarial debe ser pilar de la transparencia; con esto, las entidades se fortalecen en sus activos, recursos humanos y recursos materiales; la defraudación fiscal se persigue de oficio y no omite la reparación del daño cuando se condena a cárcel al representante legal o dueño, y la entidad puede, mediante la orden de un juez, entrar en procesos de disolución y liquidación”, finalizó.