TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Las últimas semanas se ha manifestado en Colima una crisis muy fuerte en la aduana de Manzanillo, agudizada claramente por la renuncia del titular a nivel federal, Ricardo Peralta, quien fue nombrado subsecretario de Gobernación y quien se había distinguido en unos pocos meses por ser un funcionarios eficaz y de convicciones. A mí en lo particular me extrañó su desplazamiento hacia aquel encargo.
Y es que, como es sabido y comentado en medios, ha habido allí despidos de personal y contratación de otros servidores más, renuncias de funcionarios, lo que ha originado un caos eficazmente bien organizado en esa aduana. A ver cuánto tiempo duran en resolverlo.
Mientras tanto, en el desorden,
en la “parálisis”, todos los problemas se han triplicado y originado tardanza
en los procedimientos de carga y descarga de mercancías lo que afecta la
economía de varios de los sectores involucrados en esas actividades. Un
organismo empresarial manzanillense citó que la aduana maneja un 44 por ciento
de la carga nacional vía marítima y representa un 10 por ciento de la
recaudación nacional a través de las aduanas del país.
Como ha advertido la Coparmex recientemente, puede desencadenarse una crisis de
grandes dimensiones pues se estaría afectando en un plazo breve el flujo de
mercancías, las ventas al extranjero y bajas en el suministro a la principal
zona de impacto en los corredores industriales de Colima, Jalisco, Guanajuato,
San Luis Potosí, Nuevo león, Querétaro, Estado de México, Nayarit, Zacatecas y
Aguascalientes.
Ante este escenario complicado, urge la acción del gobierno federal en la introducción de mecanismos de control y transparencia porque aparte de hacer la función que la ley les ordena, las instalaciones aduaneras son usadas por delincuentes para traficar mercancías y no se descarta que empleados estén inmiscuidos en esas actividades pues tienen que escoger, al igual que algunos jefes, entre plata o plomo. Se sabe que el mayor tonelaje de precursores químicos que se mueve es a través de los puertos del mundo, en un 80 por ciento.
Por las aduanas sigue proliferando el tránsito de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, si bien el gobierno está vigilante de que eso no ocurra en forma tan deliberada y persistente. Pero como son miles y miles de contenedores los que arriban a los puertos de México es materialmente imposible ejercer una supervisión cabal de los envíos. Es deseable que las aduanas sirvan para vigilar mejor la entrada y salida de productos porque habrá actividades comerciales más ágiles y la implantación de mecanismos de supervisión que no vulneren la seguridad ni la estabilidad. Pero es evidente que primeramente tiene que funcionar el sistema aduanero como si fuera reloj suizo.
La verdad es que el gobierno federal tiene todos los elementos a la mano para saber qué funcionarios, de los que han manejado y manejan aduanas, se han enriquecido a su paso, y son malandrines consumados. Pero hay un tope: la impunidad, que impide acceder a la justicia para dar a cada cual lo que le corresponda, esto es, cárcel para los delincuentes de cuello blanco disfrazados de funcionarios. En esto último es en lo que se ha fallado. Uno de los motivos de insatisfacción social es porque la sociedad no percibe que se haga algo sólido contra la corrupción y sus agentes más conspicuos como son sus administradores.
Ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador persista en la limpieza en las aduanas que según él ya comenzó y que no se permita más la operación criminal y desenfrenada de actividades que tanto daño hace al país y a los mexicanos. Considérese que la economía nacional y la regional están en juego en estos momentos y que son daños extraordinarios los que se generan cuando los aparatos administrativos como son las aduanas viven en la desorganización y en la falta de motivos, de planes y de visión para aportar al país.