Haití ya pidió ayuda. México, no

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Por: Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu

El Salvador está en Haití: cerca de 2,000 soldados en Puerto Príncipe, con helicópteros, blindados y una base en el estadio Sylvio Cator, ocupado dos años por las pandillas. Bukele insiste en que no es una invasión y que las tropas regresarán cuando termine la misión. El despliegue tiene un origen ordenado: empezó a principios de 2025 con apenas 78 efectivos, dentro de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, con mandato de la ONU y consentimiento haitiano. La escalada llegó en octubre de 2026, cuando cuatro técnicos aeronáuticos fueron emboscados y desaparecieron; entonces llegaron 690 soldados y luego el resto.

Antes de Haití estuvo El Salvador mismo, y ahí está el dato que incomoda. La política de seguridad de Bukele redujo los homicidios de los niveles más altos del mundo a los más bajos del hemisferio, con amplio respaldo popular. Hay quienes señalan, no sin razón, que el precio ha sido un régimen de excepción prolongado y detenciones masivas con garantías limitadas. Pero los resultados en seguridad son difíciles de discutir, y por eso Bukele ha ofrecido su modelo a otros países que enfrentan lo mismo. No se trata de copiarlo tal cual, porque cada país tiene su historia y su Constitución, sino de reconocer que algo funcionó donde nada funcionaba.

La comparación con México se impone por sí sola, y hay que hacerla con cuidado. En Haití, como en varias regiones de México, hay grupos criminales que controlan territorio, cobran y disputan al Estado el monopolio de la fuerza. En ambos casos la policía local fue rebasada, y en ambos hay una potencia extranjera, Estados Unidos, presionando por entrar.

Pero guardar las debidas proporciones es lo primero. Haití es un Estado prácticamente colapsado, que pidió ayuda extranjera con aval internacional. México es un Estado funcional, con gobierno electo, ejército propio y una Constitución que prohíbe tropas extranjeras armadas sin autorización del Senado. La escala tampoco se compara: los cárteles son organizaciones transnacionales con armamento de guerra, control territorial y penetración económica. Una operación extranjera contra ellos no sería una misión policial: sería una guerra. La historia pesa: México guarda memoria de las intervenciones estadounidenses de 1847, de Veracruz en 1914 y de la expedición punitiva de 1916. Por eso la soberanía no es aquí un capricho retórico; es un tema de identidad nacional.

Lo que Washington pide hoy, según reportes de octubre de 2026, es que personal militar y de seguridad estadounidense acompañe a las unidades mexicanas contra los cárteles, con más drones y más inteligencia compartida. El presidente Trump ha amenazado públicamente con atacar por tierra. Y hay que decirlo con la misma serenidad: esas exigencias no nacen del vacío. Los cárteles operan también del otro lado de la frontera, y su actividad afecta la seguridad, la salud pública y, en cierto modo, la propia soberanía de Estados Unidos, con decenas de miles de muertes anuales por sobredosis de fentanilo. Eso no autoriza una intervención unilateral, pero sí hace legítimo que Washington pida una cooperación más estrecha. La presidenta Sheinbaum ha respondido que la cooperación se mantiene bajo la premisa de “colaboración sí, subordinación no”, y que designar a los cárteles como terroristas no autoriza operaciones militares en territorio mexicano. En términos jurídicos, tiene razón: ninguna denominación extranjera sustituye el consentimiento del Estado mexicano.

La pregunta incómoda no es si Estados Unidos quiere entrar; es por qué la cooperación se detiene siempre en el mismo punto. Parte de la respuesta es legítima y debe decirse sin ironía: ningún presidente mexicano puede firmar la entrada de tropas extranjeras sin pagar un costo político enorme, porque la soberanía es la línea roja de todos los gobiernos. Pero hay otra parte que no se puede ignorar y que conviene decir sin señalar a nadie: en México la frontera entre el poder público y el crimen organizado se ha difuminado en algunas regiones y en algunos momentos, como lo acreditan casos ya de cosa juzgada en tribunales extranjeros. Cuando las instituciones que deberían combatir al crimen están penetradas por él, resistirse a la ayuda externa deja de ser defensa de la soberanía y se vuelve defensa de un statu quo.

Por eso la distinción que importa no es entre ayuda e invasión, sino entre ayuda bajo mando mexicano y operación extranjera. La Constitución no prohíbe cooperar: exige que el Senado autorice la entrada de tropas extranjeras y que las operaciones se sujeten a la ley mexicana. Lo que ya existe —inteligencia, equipo, entrenamiento, vigilancia coordinada— puede profundizarse mucho sin cruzar esa línea. Lo que no existe, y Haití sí muestra, es un mandato claro, un objetivo limitado y un mando único. Sin esas tres condiciones, cualquier presencia extranjera armada sería improvisación con uniforme.

El caso haitiano enseña algo que en México se prefiere no mirar: la intervención extranjera solo se sostiene cuando el país anfitrión la pide y la controla. Mientras México no defina qué ayuda quiere, con qué reglas y bajo qué mando, Washington seguirá ofreciendo la suya en sus términos, y la discusión seguirá entre quienes gritan invasión y quienes gritan complicidad. México debe decidir ya, antes de que Estados Unidos entre sin preguntar. La soberanía no se defiende solo con discursos, sino con instituciones que funcionen y resultados que la hagan creíble. Cooperar bajo la ley no es someterse; es, precisamente, ejercer la soberanía.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.